Durante décadas, nuestro país ha seguido una violenta política prohibicionista en contra del consumo de drogas y estupefacientes, con especial énfasis en el uso de la cannabis o marihuana, a imitación del modelo prohibicionista impuesto por Estados Unidos en la primera mitad del siglo veinte. Los efectos de dicho modelo han probado ser más bien negativos en términos de la violencia, la inseguridad y el control estatal. La mal llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, impuesta hace 15 años por un gobierno convencido de que la prohibición era la única vía, no logró más que sembrar el caos en el país, llevando a la muerte de más de 275 mil mexicanas y mexicanos en poco más de una década, además de miles de personas desaparecidas y víctimas secundarias.
Estas dolorosas cifras nos dan cuenta del innegable fracaso del prohibicionismo y el punitivismo como únicas vías para atender el tema del uso de drogas. Sin embargo, esta no siempre fue la realidad. Durante muchos años, la marihuana o cannabis sativa, planta originaria de Asia Central, fue parte de la riqueza agrícola de los pueblos, y su uso medicinal y ritual fue generalizado. Los beneficios de la cannabis fueron reconocidos ampliamente y su cultivo se extendió, creando un mercado en torno al aprovechamiento de las distintas partes de la planta. No fue sino hasta que el modelo prohibicionista se impuso que se generaron mercados negros de esta y otras substancias, dando pie con ello a la compleja dinámica entre grupos de delincuencia organizada, gobiernos y mercado que impera en la actualidad.
No obstante, los avances en la investigación científica y la producción de un cada vez mayor conocimiento de la cannabis han llevado a que, en la actualidad, su uso pueda revalorizarse fuera de los estigmas impuestos por el prohibicionismo. Así, para poder atender el tema del uso de la cannabis, que es y ha sido una realidad generalizada para muchas personas, grupos y poblaciones, debemos transitar a nuevos modelos que apuesten por la regulación. Es momento de cambiar la óptica y promover un abordaje sociosanitario y de salud pública, como pilares de una nueva estrategia integral de producción, comercialización y uso responsables. Pero, para lograrlo, el primer paso es la descriminalización de las personas usuarias.
Un doble discurso de la OMS que confunde
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho ya importantes avances hacia esa ruta. De noviembre de 2015 a la fecha, la SCJN ha dictado cinco sentencias distintas declarando la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas al consumo lúdico de marihuana previsto en la Ley General de Salud, bajo la consideración de que implica una prohibición desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con ello se desprenden responsabilidades para la Secretaría de Salud, pero también para el Congreso Federal y los Congresos locales. En el Senado de la República se han presentado ya los primeros esfuerzos para garantizar los usos médico y personal de la cannabis libres de criminalización. No obstante, ante la pluralidad de voces y la complejidad del escenario federal, no se ha podido llegar a un consenso lo garantice en los términos determinados por la Corte.
En este sentido, la Ciudad de México de nueva cuenta puede ser terreno fértil para una legislación progresista en la materia. Con esta idea en mente fue que presenté la semana pasada una iniciativa coescrita con las y los activistas del Plantón 420, orientada a descriminalizar el uso médico y personal de la cannabis en la Ciudad de México. La capital ha puesto el ejemplo antes, y debe volver a hacerlo ahora, impulsando desde el Congreso un nuevo modelo incluyente y de derechos que ponga fin al caduco modelo prohibicionista y parta a nuevas formas que primen la paz, la seguridad, la justicia preventiva y los derechos humanos de todas y todos.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX
@TEMISTOCLESVR
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