El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, está en la mira de prácticamente todo el mundo por la muerte de la periodista Lourdes Maldonado, asunto que, por oficio, investigan ya autoridades locales y federales, aunque no es el único caso por el que, aparentemente, tiene las manos sucias. ¿De qué se le acusa a Jaime Bonilla? La administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Pablo Gómez, lo investigan por el ingreso y destino incierto de mil 600 millones de pesos, que su administración recaudó mediante “extorsiones”, disfrazadas de cobros de deudas por consumo de agua potable, a grandes empresas de su estado.
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Como todos sabemos, la gestión de Bonilla duró apenas dos años (2019-2021), tiempo suficiente para dejar importantes deudas políticas, sociales y económicas a la gobernadora en turno. El hombre que aspiró a “eternizarse” en el gobierno peninsular, con el discurso de que es muy amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está contra la pared y en su desesperación está por llevarse entre las patas a la actual mandataria morenista, Marina del Pilar. Y es que, por instrucciones de un juez, el gobierno del estado, es decir la mandataria en turno, debe devolver los mil 600 millones de pesos que la administración de Bonilla cobró, fuera de la ley, por adeudos por consumo de agua. Para realizar los cobros, la administración Bonilla contrató a la empresa denominada “Fisamex”, con el apoyo posterior de las firmas Remofam y Fiscales del Agua. De los ingresos por dichos cobros de agua, el gobierno compartió y repartió 20%, con un mínimo pagado de 278 millones de pesos, a diciembre de 2020. Ello, sin ninguna justificación puesto que los organismos operadores de agua cuentan con amplios departamentos de fiscalización y cobranza. Derivado de esta situación, a mediados de 2021, los afectados interpusieron una denuncia por el delito de “concusión” y peculado ante la Fiscalía General del estado, así como por lavado de dinero ante la UIF, y otra denuncia más por el ejercicio indebido del servicio público y peculado. Otras empresas afectadas, alrededor de 300, interpusieron amparos y varias de ellas obtuvieron la protección de la justicia federal, razón por la que el gobierno en turno debe pagar los cobros indebidos, con un dinero que no sabe de dónde sacará. Y es que, a casi tres meses de haber tomado posesión, la gobernadora desconoce el paradero de los más de mil mdp que la anterior administración presumió haber cobrado a través de Fisamex. Y no se conoce tampoco la estrategia para tapar el boquete heredado por Bonilla. Ése es el hombre que todo el tiempo presume ser amigo de AMLO y, si el Presidente es congruente con lo que dice todos los días (“Cero corrupción y cero impunidad”), pronto tendremos noticias al respecto.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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