En septiembre de 2021, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta produjera y tuviera un despacho del 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hicieran en el 46% restante, iniciativa que tenía como propósito derogar la reforma eléctrica de 2013 de Peña Nieto que favorecía deliberadamente a los privados, quienes en tan solo ocho años se apoderaron del 62% de la generación de energía, mientras la CFE participaba sólo con un 38%.
La reforma no significaba nacionalizar ninguna empresa, ni limitar la inversión privada en el sector, los privados podrían seguir haciendo negocios con ganancias razonables; significaba poner orden, arribar a un nuevo sistema eléctrico mexicano, en el cual el Estado recuperara la conducción del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE, que asegurara el abastecimiento de energía eléctrica a todos los usuarios con tarifas justas. La reforma establecía a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado.
No obstante, a estas bondades, las y los diputados de oposición votaron en contra, por lo que la reforma fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada. La CFE inició su fortalecimiento en la generación de energía eléctrica con la reforma a Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2021; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defensora de los grandes capitales y no de los intereses del pueblo, invalida la reforma, dándole la razón a las grandes empresas privadas bajo el argumento de que se vulneraban los principios de competencia y desarrollo sustentable.
Con estos antecedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas las cuales fueron aprobadas el 10 de octubre de 2024, lo que representó un acontecimiento importante para la soberanía energética y para el fortalecimiento de la industria de telecomunicaciones en el país, al otorgar certidumbre jurídica y económica, con un ambiente propicio para la inversión pública y privada, protegiendo a la vez las áreas estratégicas de la nación a cargo del Estado. Estas reformas modifican la naturaleza jurídica de las Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado (artículo 25). Asimismo, dispone que en la transmisión y distribución de la energía eléctrica y en el litio no se otorgarán concesiones (artículo 27). De igual manera, dispone que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en las áreas estratégicas como el litio, el internet que provea el Estado y las actividades que realicen las empresas públicas del Estado (artículo 28).
Derivado de estas reformas a la Constitución, el 5 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso un paquete de leyes y reformas, mismas que fueron aprobadas el 12 de marzo, por las cuales se expiden: la Ley de Empresa Pública del Estado, de la Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, de Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión de Energía; asimismo, reformas a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con este paquete de leyes y reformas, se corrigen los desequilibrios de las reformas de 1992 y 2013 de Salinas de Gortari y de Peña Nieto que abrieron preponderantemente el sector energético a la inversión privada en demérito de la CFE y PEMEX, fragmentaron el sector eléctrico y petrolero, favoreciendo deliberadamente a las grandes corporaciones mientras debilitaban la capacidad operativa del Estado. Lo que se reflejó en impactos negativos del sector energético nacional: la inversión pública en exploración y producción petrolera cayó un 55%; la perforación de pozos petroleros disminuyó un 87%, reduciendo la capacidad de extracción; la refinación de gasolina cayó un 51%, aumentando la dependencia de las importaciones; la CFE fue fragmentada y limitada en su operación, obligándola a comprar electricidad a los privados a sobreprecio en lugar de generarla.
Al restablecer a PEMEX y CFE como empresas públicas del Estado se garantizará el bienestar social por encima de los intereses del mercado, pues la misión de estas empresas no será la rentabilidad, sino el bienestar social. Además, se generan condiciones legales que facilitan el cumplimiento del Plan Nacional para el sector energético para garantizar la soberanía energética; la justicia energética para que todos tengan acceso a la energía con tarifas justas; así como el robustecimiento de la CFE y la inversión privada, con legalidad. Además, se pone énfasis en la transición hacia fuentes de energía renovable; se mejora en la infraestructura energética del país, modernizar y expandir las redes de distribución y transmisión de electricidad, lo que mejorará la calidad del servicio.
La Secretaría de Energía retomará la planeación obligatoria del sector, alineando todas las decisiones con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México; Pemex y la CFE recuperarán su papel de empresas públicas del Estado, con un marco regulatorio claro y un régimen fiscal especial que les permita operar con mayor eficiencia; la CFE garantizará la generación de al menos el 54% de la electricidad nacional, asegurando estabilidad en el suministro; se establecen reglas claras para la inversión privada regulada y alineada con el interés público; se impulsa la transición energética con criterios de sostenibilidad, promoviendo energías limpias a través de la modernización de las leyes de Geotermia y de Biocombustibles; tarifas de electricidad y combustibles justas y accesibles para las familias mexicanas; así como el reforzamiento del papel estratégico de Pemex y CFE en el desarrollo nacional.
POR DR. ULISES MEJÍA HARO
@ULISESMEJIAH_
*Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral de Zacatecas
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