La crisis de seguridad que azota a Huatulco y Puerto Escondido ha puesto en jaque la reputación turística de estos destinos oaxaqueños. La violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, parece estar entrelazada con las estructuras de poder local, lo que ha generado una atmósfera de desconfianza y temor entre residentes y visitantes.
En Santa María Huatulco, el presidente municipal Julio César Cárdenas Ortega, del PVEM, enfrenta serios cuestionamientos sobre la eficacia de su administración para garantizar la seguridad en la región. La creciente ola de delitos, que incluye desapariciones y secuestros, alerta una preocupante falta de control o, peor aún, posibles vínculos entre las autoridades locales y grupos delictivos.
Por otro lado, en San Pedro Mixtepec, municipio que administra Puerto Escondido, el doctor Miguel Ángel Olvera Jiménez, emanado de las filas de Morena, asumió la presidencia municipal en enero de 2025. Su llegada al poder estuvo marcada por promesas de transformación y mejora en la seguridad. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados han sido insuficientes para frenar la violencia que aqueja a la zona.
La situación se agrava con informes recientes que vinculan a elementos de la policía municipal en actos delictivos. La detención de un fiscal y un comandante en Huatulco, acusados de desapariciones forzadas, es una muestra alarmante de cómo la delincuencia ha permeado las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, tal y como ha sucedido en otros municipios.
La inacción o posible complicidad de las autoridades locales no sólo pone en riesgo la vida de los habitantes y turistas, sino que también amenaza con desmoronar décadas de esfuerzo por posicionar a Huatulco y Puerto Escondido como destinos turísticos de renombre. La confianza es un pilar fundamental en la industria turística, y su crecimiento podría tener consecuencias económicas devastadoras para la región.
Es necesario decir que las autoridades municipales, encabezadas por Cárdenas Ortega y Olvera Jiménez, deben asumir con responsabilidad y transparencia el reto de devolver la seguridad y tranquilidad que les caracterizaba a sus municipios. La ciudadanía y los visitantes merecen vivir en paz sin que se sientan vulnerables en medio de la creciente inseguridad que se vive en esos dos puntos turísticos, en donde hasta el momento se ha evidenciado la complicidad de la policía municipal con grupos delictivos.
Y aunque desde lo local no se ve voluntad para cambiar, lo que ya se cocina desde los niveles más altos del gobierno estatal y federal es una limpia a fondo. Las recientes detenciones son apenas el inicio. Vienen más. La estrategia, según fuentes consultadas, apunta a desarticular redes completas de complicidad que operan desde los mandos municipales hasta oficinas clave del gobierno estatal.
Lo que se busca no es sólo castigar a unos cuantos, sino comenzar a limpiar la casa desde abajo, con una sacudida que podría alcanzar a más de un alcalde. Porque lo que ocurre en Huatulco y Puerto Escondido no es un accidente, es el resultado de años de impunidad amparada desde el poder.
Estamos a días del periodo vacacional de Semana Santa, será la prueba de fuego.
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En corto: Ante la deficiente gestión del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ciudadanos organizados y colectivos comienzan a tender redes en los 84 municipios para solicitar la revocación de mandato para el morenista, quien a tres años de su gestión ha dejado mucho qué desear. La ciudadanía está tomando cartas en el asunto y empezaron a organizar comités en cada uno de los municipios, para que a través de una app se recaben las firmas necesarias y soliciten la revocación en diciembre, tres meses después del cuarto informe del gobernador.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
@SOFIGARCIAMX
PAL
