El Presidente López Obrador redactó personalmente un durísimo Comunicado de respuesta al Parlamento Europeo por la resolución que éste adoptara el pasado 10 de marzo sobre las violaciones de derechos humanos y los asesinatos de periodistas y defensores del medio ambiente en nuestro país. Ya nos enteramos que el Canciller sí fue consultado y estuvo de acuerdo con ese texto, pero que el presidente no lo consideró un tema de derechos humanos, ni un tema diplomático, sino un tema político, por lo que él mismo lo elaboró y ordenó publicarlo.
El Comunicado incurre en errores diplomáticos. Es prolijo en epítetos e insultos para los 705 miembros del Parlamento Europeo, procedentes de los 27 países que forman parte del mismo. No se puede ignorar que su resolución fue aprobada por una amplísima mayoría de 607 diputados (de los 682 que estaban presentes en la reunión), con 73 abstenciones y sólo 2 votos en contra, incluyendo los votos de miembros de todas las corrientes políticas europeas.
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Se podrá o no estar de acuerdo con las resoluciones del Parlamento Europeo. Pero sus diputados son legítimos representantes de sus pueblos. Todos fueron electos democráticamente mediante elecciones transparentes, abiertas y competitivas. No son los miembros de una organización criminal, ni una secta de fanáticos fundamentalistas, o un grupo de oligarcas que defienden mezquinos intereses.
El Parlamento Europeo fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial, como una expresión más del deseo de los europeos de superar los gravísimos conflictos, divisiones y enfrentamientos que los llevaron a las dos brutales guerras mundiales del siglo pasado, que produjeron el sacrificio de millones de personas y la barbarie del holocausto, entre otras cosas.
Además de ser uno de los actores clave en la economía, el comercio, la tecnología y la política mundiales, la Unión Europea es una activa promotora de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el mundo. Por eso insistió que el Acuerdo firmado con México en 2000 incluyera una obligación sobre la preservación de la democracia y la protección de los derechos humanos, cláusulas que forman parte del texto del Acuerdo modernizado, completado en 2019, pendiente de firma y ratificación.
Desde luego, la Unión Europea y los estados que la conforman distan de ser perfectas. Sus países miembros enfrentan retos importantes en materia de derechos humanos, sobre todo relacionados con la situación de los migrantes, las minorías, el racismo o la trata de personas. También encaran otros desafíos, como lograr avances en la igualdad de género, o la incorporación de todos los jóvenes a la vida económica. Aunque algunos de sus miembros muestran tendencias autoritarias, la mayoría son sociedades gobernadas democráticamente y el estado de derecho es una realidad.
Se podrán decir muchas cosas, menos que el Parlamento Europeo está mal informado. Su resolución recoge información de la Secretaría de Gobernación, la que reconoce oficialmente que desde diciembre de 2018 han sido asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos en nuestro país. La resolución destaca avances, como que el estado mexicano está trabajando en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Pero manifiesta su alarma por el aumento de asesinatos de periodistas en lo que va del presente año. Incluso afirma que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra.” Es un texto con expresiones muy duras y hasta excesivas, pero que desviste algunas de nuestras realidades más dolorosas. No se puede afirmar que contiene abiertas falsedades.
Tal vez los párrafos de la resolución que causaron la reacción del Presidente fueron los que se refieren a él, aunque haya sido sin mencionarlo por nombre, cuando se manifiesta preocupación por “las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en particular;” o cuando “pide a las autoridades, y en particular a las más altas instancias, que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”. El texto completo de la resolución puede consultarse en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0078_ES.html
El Comunicado considera que la resolución es injerencista e intervencionista al referirse a nuestros asuntos internos. Esa es una tesis que hoy solamente sostienen los regímenes autoritarios, y no los regímenes democráticos, como el que prevalece en nuestro país.
Desde 1945, al suscribir la Carta de las Naciones Unidas, México hizo suya la tesis de que las violaciones de derechos humanos no son exclusivamente un asunto interno de cada país, y aceptó que la comunidad internacional tiene un legítimo interés de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Esa labor es la que ocupa a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos, del cual nuestro país forma parte, y en el cual frecuentemente nos pronunciamos sobre la situación de los derechos humanos en otros países. A nivel regional, la tarea la cumplen la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
México aceptó el compromiso de trabajar para fortalecer la democracia y los derechos humanos con la Unión y el Parlamento Europeo cuando suscribió el Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación del año 2000, y en la negociación del Acuerdo modernizado.
No es la primera vez que dicho Parlamento se pronuncia sobre situaciones de derechos humanos en México. Lo ha hecho en numerosas ocasiones en el pasado. La última vez fue sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. En aquella ocasión, la izquierda mexicana se congratuló, con razón, de que los europeos condenaran lo ocurrido en Iguala, y demandaran al gobierno una investigación profunda y el castigo de los culpables.
Por eso ahora llama la atención que las y los gobernadores de MORENA, y los diputados de ese partido, condenen la resolución del Parlamento Europeo, la consideren intervencionista y desinformada, y que “lesiona severamente nuestra dignidad nacional”.
Hay que detener este extravío democrático y desencuentro diplomático. Las relaciones de México con los 27 miembros de la Unión Europea son muy importantes. Ambas partes necesitan que se ratifique el nuevo Acuerdo de Asociación. No puede haber diversificación de nuestras relaciones internacionales sin una más estrecha relación con las naciones europeas, algunas de las cuales se encuentran entre los principales socios comerciales y de inversión de nuestro país. Gobiernos europeos son, frecuentemente, los aliados más importantes de iniciativas mexicanas en los foros internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad, la UNESCO, o las Conferencias sobre Cambio Climático.
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Frente al escrutinio internacional, México no debe ni puede cerrarse. Debemos subrayar que nosotros somos los más preocupados por la situación de los derechos humanos en nuestro suelo, por los asesinatos de periodistas y de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, y que se están haciendo todos los esfuerzos para mejorar su protección. La defensa de los derechos humanos corresponde no sólo al presidente y su gabinete, sino a los gobiernos estatales y municipales, y a los poderes legislativo y judicial. Lo que más urge es mejorar las capacidades del estado para proteger mejor los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho. Esa será la mejor respuesta, no al Parlamento Europeo, sino al pueblo mexicano.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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