Es sabido que la recaudación tributaria en México es particularmente baja: se sitúa en torno al 17% del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es del doble. A partir de lo anterior, no son pocos los economistas y académicos que se han pronunciado insistentemente por llevar a cabo una profunda reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado mexicano.
Hay que añadir que las finanzas públicas del país ya no resisten el modelo que los gobiernos del obradorismo han creado, con casi una tercera parte del presupuesto destinado al gasto social, un mayor endeudamiento y un alto déficit.
Por lo tanto, es viable preguntarse acerca de la conveniencia o no de una reforma fiscal. Van a continuación algunas consideraciones al respecto.
Una reforma fiscal implica un gran pacto entre el gobierno y los ciudadanos. No debe olvidarse nunca que son éstos quienes con su trabajo y sus contribuciones financian el gasto de aquél. Ese pacto, por lo tanto, tiene que implicar más transparencia y más racionalidad y eficiencia en el gasto público. Tristemente, ninguna de las dos condiciones parece cumplirse en estos momentos.
Tanto el gobierno actual como el anterior han sido particularmente reacios a la rendición de cuentas. Se han construido obras faraónicas en la mayor opacidad y sin garantizar su rentabilidad. Los programas sociales se han utilizado con fines electorales, no para aumentar las capacidades de quienes los reciben. Las dependencias públicas han sido puestas al servicio de una facción y han servido para denostar -cuando no perseguir- a la oposición. La corrupción está desbordada y la función más elemental de cualquier gobierno, que es la de proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, en México no se cumple.
Y a lo anterior hay que sumar la destrucción del esquema de frenos y contrapesos tras la reciente reforma judicial y la eliminación de importantes órganos autónomos.
Ante esta situación, darle más recursos a un gobierno que los administra tan mal no parece la mejor idea. Fracasos tan sonoros como el de Mexicana de Aviación, la vacuna Patria, el INSABI, PEMEX, o la Megafarmacia, así lo acreditan.
En estas condiciones, una reforma fiscal sería profundamente lesiva para los ciudadanos. La lógica debería ser la inversa: el modelo fiscal debe incentivar el consumo y la inversión.
En este sentido, es de aplaudir la propuesta planteada por Jorge Romero, el presidente del PAN, de reducir los impuestos a las gasolinas, tal y como, por cierto, plantearon también los legisladores morenistas hace no demasiado tiempo. Por eso en Estados Unidos la gasolina es mucho más barata que en México: la carga fiscal es bastante menor. El dinero siempre estará mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en la chequera ocurrente de un burócrata.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
PAL
