El drama migratorio en la frontera norte de México no es ninguna sorpresa. Donald Trump, fiel a su estilo, había anunciado desde su campaña que retomaría políticas como Quédate en México y cancelaría programas como CBP One, dejando a miles de migrantes -mexicanos y extranjeros- atrapados en un limbo. Ahora, esa advertencia se ha materializado, y los cruces fronterizos están al borde del colapso, mientras los gobiernos locales parecen obnubilados entre la incertidumbre y la falta de acciones concretas estatales.
Desde Baja California hasta Tamaulipas, la frontera se enfrenta a una avalancha humana: paisanos deportados, extranjeros que buscan cruzar y quienes quedaron varados. Sin embargo, más allá de declaraciones y debates, los gobernadores de las entidades fronterizas -Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora), María Eugenia Campos (Chihuahua), Manolo Jiménez (Coahuila), Samuel García (Nuevo León) y Américo Villarreal (Tamaulipas)- no pueden depender únicamente de la Federación, cada estado debe asumir su responsabilidad y actuar con celeridad.
La analista Eunice Rendón, experta en migración, ha señalado la urgencia de implementar estrategias de reinserción para quienes regresan. En entrevista con Heraldo TV, advirtió que no basta con recibir a los deportados con programas que, incluso, podrían agravar la crisis. Muchos regresan sin documentos básicos como la Matrícula Consular o la credencial del INE, y sin acceso a un plan integral que contemple salud, vivienda y educación. Si no se abordan estas carencias de inmediato, el caos será inevitable.
No se trata sólo de las fronteras. Estados como Zacatecas, Michoacán y Guanajuato -tradicionalmente expulsores de migrantes- deben coordinarse con las entidades fronterizas para facilitar la reinserción de quienes regresan. Si no se llevan a cabo acciones integrales, los migrantes quedarán varados en la frontera, aunado a quienes ya permanecen ahí tras no cruzar ni obtener los permisos necesarios, lo que generará una crisis humanitaria de gran escala.
Los gobernadores de la frontera norte tienen el reto urgente de establecer comunicación con sus pares de estados expulsores -David Monreal (Zacatecas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Libia Dennise García (Guanajuato)- para garantizar que los migrantes deportados no sólo sean recibidos, sino también integrados con acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo en sus comunidades de origen. Esto no es sólo una crisis migratoria; es un desafío de derechos humanos que no puede ser ignorado.
No hay sorpresas, Trump cumplió lo que prometió. Ahora, ¿los gobernadores cumplirán con su responsabilidad?
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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