Más de 42 millones de pesos al año recibe Morena en Coahuila sólo por prerrogativas. Y nadie sabe exactamente en qué se van. Ni los militantes, ni los simpatizantes, ni siquiera algunos integrantes del propio partido. La opacidad en el manejo de los recursos ha puesto en aprietos al dirigente estatal, Diego del Bosque, quien prometió un informe que sigue sin aparecer.
Una vez más, las críticas no vienen de afuera, sino del propio morenismo lagunero. Juan Carlos Parga Torres, integrante activo del partido, ha levantado la voz y acompañado de la militancia estatal han exigido cuentas claras sobre el destino del dinero público que Morena recibe a través del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). ¿Dónde están las oficinas prometidas en Torreón desde 2019? ¿Dónde están los informes financieros? ¿Y los resultados electorales que justifiquen ese gasto?
Según el presupuesto 2025 del IEC, Morena es el segundo partido más beneficiado económicamente en Coahuila, sólo debajo del PRI. Sin embargo, esto no se ha traducido en resultados positivos electorales. En el terreno local, Morena Coahuila se mueve entre la opacidad, la falta de organización y la incapacidad para rendir cuentas.
El asunto ya llegó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que votó por unanimidad para iniciar un procedimiento sancionador de oficio contra miembros de la dirigencia estatal. ¿Será suficiente?
Lo cierto es que el partido que llegó al poder prometiendo no robar, no mentir y no traicionar, hoy en Coahuila tiene un serio problema de credibilidad.
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FUERO: EL ESCUDO DE LA IMPUNIDAD EN BAJA CALIFORNIA SUR. Se repite la historia. En Baja California Sur, el Congreso ha decidido cerrar filas para proteger a morenistas y funcionarios del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío. En una sesión privada, la mayoría de los diputados rechazó la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para retirar el fuero a la diputada Alondra Torres García y al subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, Ariel Castro Cárdenas, ambos señalados por un presunto desfalco de más de 14 millones de pesos durante su gestión en el Ayuntamiento de Los Cabos.
La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia había dictaminado que existían elementos suficientes para iniciar el proceso de desafuero. Sin embargo, la mayoría legislativa optó por proteger a sus compañeros de bancada, votando en contra del dictamen.
Este episodio evidencia cómo el fuero constitucional, concebido originalmente para salvaguardar la libertad de expresión de los legisladores, se ha transformado en un escudo de impunidad. Mientras tanto, otros exfuncionarios involucrados en el mismo caso, como el exalcalde Óscar Leggs, y el extesorero Martín Talamantes, ya han sido vinculados a proceso.
Mientras no se elimine el fuero y se garantice que todos los funcionarios públicos estén sujetos a la ley en igualdad de condiciones, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una promesa incumplida.
Nos vemos a las 8 por el 8
POR SOFÍA GARCÍA
@SOFIGARCIAMX
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