El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola alcanzó una resonancia inédita en México y un eco considerable en el exterior, donde la polémica ha sido vinculada con la ya atribulada situación de los informadores.
La controversia incluye la divulgación de un reportaje sobre aparentes conflictos de interés de uno de los hijos del mandatario, que respondió con la publicación de los presuntos ingresos del famoso reportero.
En un segundo, pero notable plano, quedaron los ataques del propio Presidente contra Carmen Aristegui, que tiene una popularidad y una reputación que también trasciende fronteras.
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Así, más allá de que sea una confrontación que convenga a nadie –a comenzar por el gobierno de AMLO–, el choque con periodistas tiene un impacto en el exterior en momentos en que además el régimen se las ha arreglado las últimas semanas para verse involucrado en innecesarias controversias de política exterior –España, Austria, Panamá y Perú–, y en al menos un caso, exponerse a consecuencias negativas para el país.
Y de paso, por supuesto, para su régimen.
La confrontación con Loret de Mola puede acabar fácilmente con la victoria de López Obrador, que después de todo no sólo tiene un importante bloque de seguidores sino que puede disponer del aparato del Estado y un poder sin rival dentro de México. Pero puede ser un triunfo pírrico.
De entrada, la pura imagen de un jefe de Gobierno irritado que ataca a un reportero desde el podio presidencial no es positiva entre administraciones y poblaciones de países vecinos, donde existe la imagen de México como nación peligrosa para los periodistas.
López Obrador, además, está en medio de polémicas por sus a veces exitosas campañas por someter a organizaciones autónomas y centros académicos de análisis crítico en detrimento de investigadores y personalidades independientes.
Dentro de México, los críticos se quejan de que la divulgación de los supuestos ingresos de Loret de Mola fue una ilegalidad y un abuso de poder.
Y todo ello ofrece el marco de una continua violencia contra la población en general y los periodistas en particular: cinco trabajadores de la prensa han sido asesinados en lo que va de este año en Baja California, Veracruz, Oaxaca y Michoacán; 52 durante el actual sexenio.
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Es cierto, como alegan, que esa violencia no es nueva, pero también puede ser vista como incapacidad para hacerle frente y hacer justicia. Las muertes violentas de informadores se suman a feminicidios, acciones de cárteles y crimen organizado, que como aquellas refuerzan la imagen de impunidad.
Y peor aún, ahora se combina con acusaciones sobre el inflamatorio papel de las denuncias presidenciales en la amenazante atmósfera para medios y periodistas.
A mitad de su administración, el Presidente se encuentra en un punto crítico, en el que su estilo de gobierno y su propia retórica lo llevan a cada vez más polémicas, pero cada vez menos propuestas de solución.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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