A pesar de haber sido una de las industrias más afectadas por la pandemia del COVID-19, autoridades del gobierno de Samuel García, en Nuevo León, clausuraron ocho casinos este fin de semana bajo el argumento de violación de las medidas sanitarias preventivas en sus instalaciones.
El gobernador fue muy enfático en este sentido durante la rueda de prensa donde anunció los cierres, sin embargo, múltiples testigos presenciales, entre clientes y empleados, afirman que los inspectores venían claramente a clausurar los negocios, buscando, una vez en el lugar, una excusa que pudiera legitimar la medida.
En esta ocasión, el gobierno de dicha entidad enarboló el rebase del aforo permitido, lo cual resulta irrisorio, ya que desde que comenzó el confinamiento, hace casi dos años, las salas de juego, cuando mucho, han logrado congregar un máximo de 35 por ciento en sus establecimientos.
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Además, que en ninguna de las actas levantadas para estas clausuras se refirieron al tema de los aforos. De hecho, la industria casinera fue de las pocas que preventivamente cerró sus puertas antes que otros rubros de negocios y, lastimosamente, las autoridades estatales ubicaron a este sector de actividad entre los últimos en poder reabrir.
Nuevo León, con sus 35 salas de juego esparcidas en 10 municipios y que gozan del reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), al mando de Adán Augusto López Hernández, comparte con la Ciudad de México el segundo lugar en número de casinos a nivel nacional, pero se alza como líder absoluto en cuanto a empleos formales, con sus cerca de 35 mil familias regias que viven, de forma directa o indirecta, de esta actividad.
Por lo tanto, castigar nuevamente a esta importante fuente de empleo por haber encontrado en los casinos el chivo expiatorio ideal cada vez que se desea distraer la atención de la opinión pública o aparentar firmeza valiente, resulta muy bajo y costoso en términos económicos, además de contribuir a alentar el juego clandestino y sus ramificaciones.
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Cabe recordar que el presupuesto de seguridad del estado de Nuevo León se financia a través de las contribuciones fiscales de los operadores de juego y que buena parte de la propuesta de ingresos de este próximo ejercicio fiscal se basa en el incremento de los impuestos a estos negocios. A nivel nacional, previo a la pandemia, el sector pagó cinco mil millones de pesos de impuestos al gobierno federal y dos mil millones a las entidades federativas.
La reactivación responsable de la dinámica económica del estado de Nuevo León y del país es de primordial importancia. Con cerca de 380 casinos abiertos al día de hoy a nivel nacional, la industria del juego contribuye a ello, aplicando protocolos sanitarios muy estrictos que no solamente han recibido el aval de las autoridades sanitarias federales y estatales, sino que compiten con mucho orgullo con los más altos estándares requeridos a nivel internacional.
POR JAIME NÚÑEZ
JAIME_NP@YAHOO.COM
@JANUPI
MAAZ
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