L a elección inédita de personas juzgadoras que tendrá lugar el 1 de junio próximo en nuestro país, en el que se votarán —observando la paridad de género— 9 ministraturas para la Suprema Corte, 5 magistraturas para el Tribunal de Disciplina, 17 magistraturas del Tribunal Electoral, 464 magistraturas para Tribunales de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito; derivando en un universo de 881 cargos, sin duda, más allá del reto que representa tanto para los Poderes de la Unión, para los comités de evaluación emanados de éstos y para las autoridades electorales, que frente a la propia ciudadanía tienen la obligación de dotarle de los alicientes suficientes para lograr la materialización efectiva de su voto; se pone a prueba nuestro sistema democrático en su conjunto, a partir de la propia instrumentación que exige el proceso, dado el reducido espacio para las campañas, el acceso restringido de las personas candidatas a los tiempos oficiales en los medios de comunicación, y la inexistencia de financiamiento público o privado.
Así, el panorama precisa de la actuación comprometida de los medios de comunicación frente al desafío del proceso electoral. Conforme al pensamiento de Habermas, en democracia, las deliberaciones en el espacio de opinión pública deben ser inclusivas y libres de cualquier coerción externa e interna que afecten la igualdad entre las personas participantes.
En su concepción, los procesos públicos de comunicación no deben limitarse a la difusión de contenidos y tomas de postura a través de medios efectivos de transmisión, sino que deben ir más allá, hacia la amplia circulación de mensajes inteligibles y estimuladores de la atención de la sociedad, que asegure una suficiente inclusión de las personas participantes. La convicción democrática del pensador alemán enfatiza que los medios de comunicación deben contribuir a la producción de una opinión pública informada y calificada, y responsabilizarse del desafío de garantizar el derecho a la información en su vertiente social.
En consonancia, la Corte Interamericana ha orientado que la obtención de información y el intercambio libre y vigoroso de ideas es un derecho en todo estado democrático que, en su vertiente colectiva, contribuye de manera decisiva en el funcionamiento de la democracia representativa; además ha definido que es un derecho que exige no sólo que las personas puedan manifestarse, sino que se respete su libertad, como integrantes de la sociedad, a recibir información, difundirla y publicarla, incluso como condición para ejercer derechos políticos —votar y ser votado— y para avanzar en la edificación de una ciudadanía participativa, deliberativa y responsable, esencial para conformar una sociedad de derechos.
La reflexión precedente devela la importancia de los medios de comunicación como factor imperante para el éxito de la elección judicial, facilitando que la ciudadanía comprenda la relevancia de la función que desempeña la Judicatura Federal en la materialización de los principios y valores que soportan el orden jurídico nacional y la tutela de los derechos humanos, esencialmente por medio del juicio de amparo —y restantes medios de control constitucional—, como de la delicada labor de juzgar entre semejantes, con implicaciones en la libertad, patrimonio y, sucintamente, esfera de derechos; lo cual requiere conocer de forma idónea los perfiles de las personas contendientes, para tomar la mejor decisión; una ciudadanía eficazmente informada margina la posible intromisión de poderes fácticos, como la delincuencia organizada o intereses económicos y políticos. El influjo mediático en campañas sólo se transforma en un potencial para la mejor toma de decisiones, cuando opera sobre opiniones de voces autorizadas en el modelo de comunicación política, así los medios se constituyen en garantes del principio constitucional de máxima publicidad en las elecciones.
Dentro de este contexto, en nuestro medio de comunicación nos hemos preparado para realizar un esfuerzo proporcional al desafío que representa esta elección, a través de la difusión de información neutral y útil, asumiendo con vocación democrática el fomento del conocimiento sobre el papel del Poder Judicial de la Federación como parte de nuestra cultura política. En palabras de Dieter Nohlen: Es importante que la cultura política de la democracia participativa eche raíces en las cabezas y los corazones de la ciudadanía.
LIC. ANTONIO HOLGUIN ACOSTA
VICEPRESIDENTE DE HERALDO MEDIA GROUP Y GRUPO ANDRADE
EEZ
