El presidente del Consejo Coordinador Empresarial está de regreso en la escena nacional. Carlos Salazar reapareció con fuerza esta semana para poner la alerta sobre las potenciales características dañinas que podría incluir la Reforma Fiscal que la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, está cocinando. Sus palabras fueron muy claras: la propuesta incluirá cosas ridículas que desagradarán en extremo al sector privado, apuntó el martes.
Pero, si bien es cierto que el secretario Herrera y su subsecretario Gabriel Yorio se cuentan entre las dos personas más razonables de todo el gabinete, no puede descartarse que miembros radicales de la 4T hayan empezado su cabildeo para que la iniciativa fiscal castigue en extremo a las empresas grandes y continúe siendo laxa ante la economía informal.
Algo debe quedar claro: propuestas que trasladen aún más a las empresas grandes la facultad de fiscalizar y validar el cumplimiento de terceros —so pena de castigarles—, únicamente burocratizarán más al sistema económico. Asimismo, si Hacienda cae en la tentación de gravar más a los alimentos y las bebidas industrializadas, lo que hará es fomentar el mercado informal. Salazar tiene razón en que Hacienda debe resolver el tema de la fiscalización a los informales. Son 36 millones de personas que nunca han pagado el Impuesto Sobre la Renta, pero que hacen negocio y se benefician del Estado mexicano.
Los empresarios deben evitar que con la Reforma Fiscal ocurra lo mismo que con la Reforma a las empresas de outsourcing, donde el gobierno no dio nada a cambio, ni siquiera mayor flexibilidad en los trámites ante el IMSS de Zoé Robledo. Nada. Esa fue pura ganancia para el gobierno y puras obligaciones adicionales para el sector privado. En consecuencia, las nuevas mesas de negociación deben enfocarse en los beneficios que se obtendrán para ambas partes. La buena noticia es que Salazar ya reestableció la postura empresarial al respecto. Bien.
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CRÉDITOS DE NÓMINA
Continúan los ajustes en el Senado a la iniciativa para reformar los créditos de nómina porque, en los términos en los que ha sido planteada, sólo ayuda a las Sofomes, que son instituciones que no son obligadas a cumplir con los mismos requisitos que se exigen a otras entidades de crédito en materia de lavado de dinero. La iniciativa facilitaría equivocadamente descuentos al trabajador antes de pagarle la nómina completa, a fin de cubrir el crédito, algo a todas luces ilegal.
INEGI Y PEMEX
El presidente del Inegi, Julio Santaella, realizó una pertinente aclaración: todas las compras que se hagan de gasolina a la refinería que adquirió Pemex en Texas deben ser consideradas importaciones para el registro de comercio internacional. Esas son las reglas que aplican a los registros, no es su postura política personal. Mucho ojo.
POR CARLOS MOTA
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