En el marco de las siempre complicadas relaciones bilaterales, las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional en México resultan una de las primeras potenciales divergencias con el nuevo gobierno estadounidense.
El momento es interesante. El gobierno de Estados Unidos se encuentra en medio de una de las transiciones políticas más complicadas de su historia, con un país profundamente dividido, a la espera del arribo del gobierno electo demócrata, el 20 de enero de 2021.
Pero, al margen de las enormes diferencias políticas entre los regímenes entrante y saliente, hay algunas cosas que ambas partes coinciden por más que partan de puntos de vista diferentes y propongan soluciones distintas: El de seguridad es uno de ellos.
Y la propuesta de ley mexicana afecta la seguridad estadounidense, o al menos esa es la postura que adelantan las estructuras policiales y judiciales todavía dominadas por los republicanos.
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Las autoridades de EU han comenzado a hacer públicas sus objeciones a la legislación propuesta en México, que busca imponer algunos controles a las agencias de seguridad estadounidenses que actúan en el país.
Según la presentación que los organismos estadounidenses hacen a su Congreso y su público, la propuesta legislación establece la obligación de facilitar su información y sus fuentes a las autoridades mexicanas y el retiro de la cobertura diplomática que gozan ahora.
"Esta es una ley peligrosa", comentó el domingo pasado el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, al hacerse eco de las declaraciones hechas el viernes por el procurador General William Barr.
Los estadounidenses alegan que la presencia de sus agentes de inteligencia y seguridad en México es necesaria para tratar de vigilar amenazas posibles que se originen o atraviesen el territorio mexicano, desde el tráfico de drogas y de personas, hasta potenciales amenazas terroristas.
Pero también que la corrupción existente en México, que Morgan describió como "de la cabeza a los pies", sería un peligro para esas operaciones, toda vez que entre otras cosas inhibiría el uso de informantes confidenciales cuya identidad sería expuesta a redes criminales.
El tema es harto complicado.
Por un lado, es cierto que la información aportada por las agencias de Policía o de espionaje estadounidenses han propiciado varios de los mayores golpes contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. Por otro, hay una larga historia de cooperación –a veces no formal– entre organismos de seguridad mexicanos y estadounidenses.
El tema no es simple, después de todo, como señaló alguna vez el historiador Lorenzo Meyer, "México is a country, not a county" (México es un país, no un municipio), y tiene el derecho y la obligación de ejercer su soberanía.
Pero también como país fronterizo, México es parte de los intereses de seguridad nacional estadounidense, y esos no cambian con el gobierno.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1