La paridad se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia mexicana. Esta obligación ha transformado los procesos electorales y las propias estructuras de poder, al incorporar de manera más justa y equitativa a las mujeres en la toma de decisiones públicas.
La lucha por el acceso igualitario al poder público no es un fenómeno reciente. Las cuotas de género, por ejemplo, surgieron para garantizar que más mujeres llegaran a la boleta electoral. Pero su desempeño no fue suficiente: en una competencia desigual, los candidatos tenían más posibilidades de ganar. Para nivelar las condiciones fue clave complementar las acciones afirmativas con reglas equitativas en el acceso a medios de comunicación y financiamiento, entre otras.
Después vino la reforma constitucional de 2019, que garantiza paridad en todos los cuerpos colegiados de toma de decisiones. Sin embargo, en un país en donde las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a cargos públicos y ejercer éstos sin estereotipos de género, es impensable bajar la guardia. La elección de personas juzgadoras ha obligado a las autoridades electorales a elaborar diagnósticos y lineamientos que garanticen en forma creativa el principio constitucional de paridad. Éste es uno de los principales aciertos de la elección que merece la pena discutir.
En las elecciones modernas, son las reglas electorales el principal mecanismo que garantiza el acceso de las mujeres a la representación. Existen diversos sistemas de proporcionalidad que –como Costa Rica– alternan hombres y mujeres en las listas. Algunos de mayoría –como el mexicano– exigen que las candidatas también accedan a competir por los distritos con mayor probabilidad de ganar, mediante los ya conocidos bloques de competitividad. Otros sistemas, como India o Rwanda, reservan escaños para mujeres en sus congresos.
En el caso mexicano, las autoridades electorales tienen la facultad de hacer ajustes en el resultado final de la elección, a efecto de garantizar la paridad. Algunas candidatas han mejorado su posición en las listas de representación proporcional para asegurar que el 50% de integrantes de congresos o ayuntamientos sean mujeres.
En este proceso electoral las boletas integraron criterios que buscan hacer visible la paridad en las candidaturas. Por primera vez, las papeletas federales y locales presentarán únicamente los nombres de las personas candidatas y estarán divididas por género: de un lado tendremos a las candidatas y del otro a los candidatos. Además, arriba de cada sección, encontraremos el número de recuadros exactos por los que la ciudadanía deberá de votar para cada cargo.
El objetivo del diseño de la boleta radica en que sean pocos los ajustes necesarios para alcanzar la paridad en la integración de los órganos jurisdiccionales y, con ello, cristalizar la voluntad expresada en las urnas.
Para los casos en los que ésta no se dé orgánicamente, en el Estado de México, diseñamos y aprobamos criterios para que las mujeres ocupen la mitad de los cargos. Al contemplar ajustes mínimos por parte de la autoridad electoral, logramos un balance frente a dos principios constitucionales: el derecho de las personas a ser votadas y la paridad.
Este proceso nos permitió revalorizar las boletas electorales más allá de su utilidad técnica. Su reingeniería es un reflejo de los valores que rigen nuestra vida democrática. Incorporar la perspectiva de género en su diseño es un acto de justicia, reconocimiento y compromiso con la igualdad sustantiva: no retrocederemos.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
MAAZ
