Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los esfuerzos en materia de seguridad han arrojado resultados positivos.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 27 por ciento comparado con enero de 2018, lo que demuestra una tendencia a la baja en este delito. Sin embargo, la seguridad pública no es una tarea exclusiva del Ejecutivo; también requiere del respaldo legislativo para consolidar estrategias efectivas y que sean sostenibles en el tiempo.
En la Cámara de Diputados se discutirá esta semana el Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo es modernizar el marco normativo en la materia. Esta ley sustituye a la publicada en 2009 e introduce mecanismos clave para la coordinación interinstitucional, mejorar la prevención del delito y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Entre lo más relevantes de esta modificación es la obligación de las instituciones de seguridad pública de compartir y actualizar diariamente la información que generan. Los datos son claves para la toma de decisiones con datos confiables y en tiempo real. Este cambio es muy relevante para evitar que las dependencias operen de manera aislada y garantizar una toma de decisiones basada en datos precisos y actualizados, que permitirán identificar patrones delictivos y diseñar estrategias preventivas basadas en evidencia. La regulación de los centros de comando y control permitirá mejorar la recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas, que contribuirá a una respuesta más eficaz ante el delito.
Otro punto clave es la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el secuestro. Aunque esta medida ha generado cierto debate por las preocupaciones en torno a la privacidad, la modificación garantiza salvaguardas para proteger los derechos del pueblo de México. La inclusión de requisitos claros para la operación de servicios de seguridad privada también es un acierto, pues evitará abusos y asegurará que estas empresas actúen dentro del marco legal.
La nueva legislación fortalece la equidad de género en las instituciones policiales y promueve la profesionalización del personal de seguridad, elementos esenciales para mejorar la confianza ciudadana. La Guardia Nacional también se consolida como parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permitiendo una mayor coordinación con autoridades estatales y municipales.
Si bien la disminución de la incidencia delictiva es alentadora, aún queda mucho trabajo por hacer. De aprobarse esta ley, será un paso fundamental para consolidar una estrategia integral que garantice el bienestar de la población.
La modernización del marco normativo, la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología son claves para seguir avanzando en la construcción de un México más seguro. Ahora, corresponde al Poder Legislativo asumir su responsabilidad y dotar al país de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública.
POR ARTURO ÁVILA
PAL
