Y mientras varias alertas “Amber” se encienden para averiguar el paradero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un clima en el que la violencia está desbordada en la tierra natal del tabasqueño que era considerada un Edén, para aquellos que suponían que la votación de la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco era una muestra más de que la alianza entre el PRI y Morena, el “PRIMOR”, están en un error.
Ese día en el que un grupo de diputadas de Morena protegieron al grito de, “¡no estás solo!” al exfutbolista, como se recordará, la bancada del PRI votó en contra de que el expediente regresara a la Sección Instructora porque se trata de una carpeta de investigación plagada de errores y como producto de esta situación, no había forma de sostenerla en tribunales.
Un grupo de diputadas del PRI, encabezadas por Lorena Piñón, presentaron un Punto de Acuerdo con el objetivo de exhortar a la Fiscalía General de Morelos para que realice una investigación exhaustiva sobre la denuncia contra del exgobernador morelense.
En entrevista, Piñón Rivera señaló: "Nuestra intención no es entorpecer la justicia, sino garantizar que se realice una investigación profesional que salvaguarde los derechos de la denunciante", que en este caso es Nidia Fabiola, la media hermana del exgobernador de Morelos.
Explicó que la propuesta busca que la Fiscalía de Morelos "revise y subsane integralmente la carpeta de investigación, aportando elementos probatorios contundentes y técnicamente válidos; si Cuauhtémoc Blanco resulta culpable tras una investigación correcta y constitucional, debe pagar con prisión".
Vale la pena hacer hincapié en que, en este caso, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas optó por mantenerse al margen porque simple y sencillamente, ese asunto se ventiló en la Cámara de Diputados.
Así que lo que pueda decirse del dirigente del Revolucionario Institucional debe de tomar en cuenta un proceso reciente. En el año 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, le armó una carpeta por presunto enriquecimiento ilícito porque el objetivo tanto de la gobernadora como del resto de los morenistas, era borrarlo del tablero político y nulificarlo como el único líder opositor.
Sin embargo, meses después, en junio del 2023, el Tribunal Colegiado de Circuito tiró dicho expediente por inconstitucional.
En diciembre de ese mismo año la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ordenó archivar el expediente de desafuero en contra de Alito Moreno y cinco meses después, la Fiscalía que maneja a su antojo Layda Sansores, emitió una resolución en la que excluyó todas las pruebas en contra del dirigente del PRI por ser ilícitas e incluso se notificó oficialmente que el caso estaba cerrado.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
COLABORADORA
morcora@gmail.com
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