“Todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos”
Antonio Guterres
En el mundo, 123 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. En 2024, la mayoría de ellas huyeron de sus hogares debido a la violencia, las persecuciones, las guerras o emergencias climáticas, siendo acogidas por países de ingresos bajos y medios. Según datos de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de personas que han buscado refugio se ha triplicado en la última década; al unir sus rutas y recorridos con las personas migrantes, ambos grupos enfrentan riesgos y vulnerabilidades similares como secuestros, detenciones arbitrarías, robos y trata de personas.
En el caso de nuestro país, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó, en diciembre de 2024, que existen 78 mil 975 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. La mayoría proveniente de países como Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela. Asimismo, durante el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, 562 mil 261 personas de más de 162 nacionalidades solicitaron la condición de refugiado en México, de las cuales el 77% procesaron su solicitud en las oficinas del sur, específicamente en Tapachula, Tenosique, Oluta y Palenque.
En cuanto a las personas en situación migratoria irregular, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Gobernación en su reporte Estadísticas Migratorias Síntesis 2024, de enero de 2023 a agosto de 2024, existen más de 925 mil casos de personas con una situación migratoria irregular en el territorio nacional.
México-Estados Unidos se erige como el principal corredor migratorio del mundo, posicionando a nuestra nación como un importante país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por ello, es un tema de interés público, más si consideramos que, en territorio mexicano, las personas migrantes y refugiadas están sujetas a situaciones que las hacen más vulnerables: su fragilidad a partir de su situación jurídica, económica y social, origen étnico, religión y hasta el lenguaje, acentúa su vulnerabilidad a ser sujetos de abusos, violencias, pobreza y exclusión social. Estas situaciones los colocan en riesgo de ser sujetos de discriminación estructural, a graves violaciones de sus derechos humanos, así como en al riesgo de ser víctimas por parte de grupos criminales.
Las personas migrantes y las que buscan refugio en nuestro país gozan de todos los derechos que reconoce nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, ello sin importar ni su nacionalidad, ni su situación migratoria, y con especial cuidado a los grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes. De tal forma, sus derechos humanos y sus libertades desde la seguridad, la dignidad y la no discriminación, deben ser garantizados.
Tenemos un enorme reto por delante: el cambio de presidencia en los Estados Unidos de América entraña nuevos desafíos para la migración, que requieren acciones y políticas concretas para apoyar a las personas migrantes y refugiadas cuyos derechos humanos estén en riesgo de ser vulnerados. La solidaridad y el apoyo a este grupo debe ser una obligación ineludible.
Estamos, quizás, ante el contexto más complejo en la historia, pero también ante la oportunidad de estrechar los lazos que unen a nuestras naciones para fortalecer la cooperación y el respeto mutuo que se han consolidado como un motor de desarrollo y crecimiento económico para nuestra región.
POR BLANCA LILIA IBARRA
@BL_IBARRA
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