La suerte parecía sonreírle en 2023 a Daniel Noboa. Hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, ese año pasó de ser un congresista mediano a presidente de su país.
El país andino tiene una institución singular, según la cual la persona titular del Poder Ejecutivo puede disolver al Congreso. Se llama “muerte cruzada” porque el costo de hacerlo es que el mandatario también renuncia y convoca a nuevas elecciones.
En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso acudió a este recurso constitucional. Noboa se presentó como candidato y -después de un buen desempeño en el debate- alcanzó un 23% de los votos, muy por debajo de la candidata triunfante que obtuvo el 33%.
De manera sorprendente, esa frágil proporción de votos le fue suficiente para alcanzar un lugar en la boleta de la segunda vuelta, en la que enfrentó a la representante del correísmo, Luisa González. La estrategia del candidato le permitió aglutinar a todo el voto anti-correísta y obtener así la mayoría en el ballotage.
Fue ya en el gobierno que las cosas empezaron a descomponerse. En 2024, una serie de motines en las cárceles terminó exhibiendo la fragilidad de su administración, cuando delincuentes armados se presentaron en una televisora del Estado y les obligaron a suspender la transmisión.
Ecuador se había convertido en el país más peligroso de Latinoamérica, razón por la cual Noboa reaccionó declarando un estado de emergencia e instruyendo al ejército para estar en las calles.
Si bien la medida logró disminuir el número de homicidios, el entorno de riesgo se mantiene. A ello habría que agregar apagones eléctricos constantes y un crecimiento económico incipiente que motivó dos medidas impopulares: aumentar el IVA y disminuir subsidios.
En ese contexto, Ecuador llegó a los comicios 2025 con un mandatario debilitado. Pero su sistema electoral está diseñado para garantizar legitimidad popular a quienes ganen. Las candidaturas deben obtener un 50% de la votación, o bien alcanzar el 40% y sacar diez puntos de ventaja al segundo lugar para ganar en primera ronda. De no hacerlo, los dos primeros lugares irán a ballotage, en la que triunfará quien obtenga mayoría.
Este último escenario es el que se presentó el domingo pasado. Noboa habría alcanzado el 44.2% de la votación y Luisa González -su rival 2023- el 44%.
Dos temas de orden legal envolvieron la elección. Por un lado, el Presidente hizo campaña estando en funciones, a pesar de que el Código de la Democracia expresamente pide que renuncien al cargo. Hay un debate jurídico sobre si es aplicable una sentencia de la Corte Constitucional que le eximiría de la separación.
Por otra parte, en ese país se prohíbe que los proveedores del Estado participen en una elección. Se impidió el registro a un candidato que sería el “beneficiario final” de un contrato. El aspirante acudió a la CIDH, alegando que no es accionista ni representante legal de la empresa que brinda servicios al gobierno.
Un elemento de preocupación fue la heterogeneidad con la que se hicieron los cómputos. La OEA denunció que el 43% de las casillas tuvieron variaciones respecto del procedimiento establecido. No se denuncia que el sesgo haya sido intencionado.
A pesar del clima de violencia, la institucionalidad logró coordinarse. Como se hace en el Estado de México, se ofreció seguridad a todas aquellas candidaturas que lo pidieron.
El sistema de segunda vuelta permite que las y los electores tengan un comportamiento estratégico. En abril se conocerá cuál de los dos contendientes cosechará las preferencias de aquellas personas que el domingo pasado abrazaron otras candidaturas en la mitad del mundo.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
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