Iniciamos 2022 con el cuarto año de gobierno, con un balance negativo para la construcción, ante la falta de políticas públicas a favor de la inversión privada, lo que ha provocado retrocesos, sumado al escaso presupuesto gubernamental, que no alcanza para cubrir las necesidades de proyectos en infraestructura, situación que vivimos cada año.
Como referente, México se ha situado en los últimos años entre el lugar 45 al 50, según el World Economic Forum, siempre abajo de Chile, país que es ejemplo en cómo atiende los planes de infraestructura; ¡copiemos algo!
Tampoco vemos que ninguna área del gobierno o el Legislativo le cae el veinte, en lanzar una agenda de infraestructura integral, para hacer posible la creación de empleo y mejorar la competitividad.
Hablando de obras del Presidente, en especial el decreto “de interés público y seguridad nacional” en sus proyectos, que tanta polémica ha desatado por la transparencia y que a mi juicio da un paso, a quitar “obstáculos” burocráticos.
María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), expone: “la corrupción se combate con más información, no con menos”.
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Es aquí donde creo que hay que diferenciar entre transparencia y los ordenamientos normativos que existen en la Ley de la Obra Pública, ya que las dependencias empiezan a confundir los procesos administrativos, al implementar las entidades ejecutoras más papeles sin ningún sentido, señalando que es para mayor transparencia, provocando la “burocratización” de los proyectos, teniendo como resultado mayores tiempos en terminar obras, las cuales resultan, a la larga, más costosos.
Lo anterior ha provocado un círculo perverso, al implementarse mayores requisitos en papeles, dictámenes, normas... si le seguimos, lleno mi columna.
Un contratista me comentó: “Oye, ¿por que´ a alguien se le ocurre que para elaborar una estimación de obra para cobrar algo ya realizado y ejecutado, hay que adjuntar una cantidad de papel y anexos firmados por todo el mundo y cuando te revisan, con el mínimo error vas para atrás con toda tu documentación?”
Regresando con María Amparo Casar, recuerdo que el Banco Mundial señaló que derivado de los cambios a la Ley de Obras Públicas en CMIC, encontraba que a mayor papeleo, mayor corrupción.
Como pueden ver, la moneda de la transparencia tiene dos caras, no justifico la accio´n del jefe del Ejecutivo, pero lo entiendo.
Señor Presidente aprovechemos y cambiemos todo aquello que estorba en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, y vera´ como una obra se termina en tiempo y costo.
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Ya que estamos en las peticiones y aprovechando el Año Nuevo, mis uvas en infraestructura son:
1. Que no cierren más empresas, ni se despida a personal del sector por falta de pago del gobierno.
2. Que los gobiernos estatales entrantes y salientes, no asuman una política al no reconocimiento de adeudos a las empresas que cumplieron en sus obras.
3. Que las dependencias de gobierno y empresas como Pemex y CFE le reconozcan a las compañías sus reclamos o controversias.
4. El artículo 55, que señala la Ley de Obras Públicas: “En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá´ pagar gastos financieros”. Lo anterior, sin represalias de no darle trabajo.
5. Que la Secretaría de la Función Pública realice acciones entre dependencias y constructores, para “desatorar” obras y proyectos.
6. Lograr acuerdos entre gobierno y empresarios del sector, dando oportunidad de llegar a consensos en temas coyunturales para llevar a cabo los proyectos que implican beneficios a la población más necesitada.
7. Que no nos expropien a los empresarios nacionales de la construcción realizar obras y que nuestro glorioso Ejército Mexicano no se aleje de los preceptos que la Constitución señala a las Fuerzas Armadas.
8. Que se vea a la industria de la construcción como un gran aliado.
9. Que el gobierno piense más en el empresario mexicano, evitando la contratación de las empresas extranjeras, las cuales llegan con subsidios de sus gobiernos.
10. Que los contratos de obras públicas o servicios que las dependencias otorgan a las pequeñas empresas sean bancables en Nacional Financiera o Banobras.
11. Que la Cámara de Diputados y el Senado convoquen a un foro de infraestructura, donde se consensen las políticas públicas.
12. Si le va bien a nuestro sector de infraestructura, le va bien a México.
POR MANUEL GARCÍA GARCÍA
Director general de Simas, consultoría en infraestructura
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