Las administraciones de los tres niveles de gobierno han pugnado por atraer inversiones nacionales y extranjeras para generar fuentes de empleo y oportunidades para las localidades que gobiernan.
Para lograrlo han usado incentivos y facilidades que permitan a la clase empresarial invertir en ese lugar; pero, en pocas ocasiones este acercamiento (público-privado) ha sido utilizado para obtener mayor beneficio que traspase generación de empleos. Como ejemplo, están los complejos industriales modernos, carreteras y proyectos minero-energéticos en zonas de alta marginación que, pese a los recursos, siguen sin agua potable, alumbrado, escuelas dignas o clínicas, con insumos suficientes para su operación.
La alta desigualdad social en México es una de las asignaturas pendientes de las pasadas y actuales administraciones. Este fenómeno social es una de las principales causas de los problemas que hoy afectan al país. El hecho de contar con un proyecto de infraestructura o el asentamiento de nueva industria no desaparece la violencia, la inseguridad y falta de oportunidades a las generaciones presentes y futuras ipso facto.
Por ello, es importante una visión empresarial y gubernamental con sentido social. Por el bien de México, los sectores privado y público, deben trabajar en conjunto para lograr impactos positivos con motivo del desarrollo de nuevos proyectos, que permeen directamente a las comunidades y no se limiten a la generación de empleos.
El desarrollo de proyectos de infraestructura (pública o privada) debe ser acompañado de una visión holística. ¿Qué necesidades tiene la comunidad? ¿Qué impactos negativos tendrá por la construcción y operación de un proyecto? ¿Se afectarán los servicios públicos por la entrada en operación del proyecto?, entre otros. Estas interrogantes deben ser planteadas en la fase de planeación antes de suponer que, por el solo hecho de la llegada de inversión en proyectos de infraestructura, la comunidad estará conforme o el proyecto siempre generará beneficios.
En el sector energético, se han dado pasos importantes en este tema a través de la evaluación en materia de impacto social. Este mecanismo, previsto en la Reforma Energética, tiene como objetivo identificar los efectos negativos y obliga a las empresas (públicas o privadas) a presentar un plan para mitigarlos previa autorización de la Secretaría de Energía. Sin embargo, para otros sectores no existe una estrategia similar que permita realizar un ejercicio parecido.
La falta de consideración del aspecto social genera consecuencias para el desarrollador, gobierno y comunidad en la planeación de proyectos.
Un ejemplo son los daños económicos para el desarrollador por retrasos por cierres a caminos de acceso por la población afectada o suspensiones por mandamientos judiciales. Estos retrasos se traducen en más costos de los previstos y el Estado, en la mayoría de los casos, debe pagar a los contratistas.
Estas afectaciones son un punto toral en el desarrollo de proyectos, ya que obligan a las administraciones a destinar recursos originalmente previstos para otros rubros o la suspensión de otros programas.
El malestar social por la falta o nula consideración de las comunidades ha sido una constante desde hace muchos años. El uso de la fuerza pública o expropiación no debe ser la solución ante el descontento social. El imperio del Estado en lugar de la conciliación y consideración de las comunidades perjudicadas no abona para el desarrollo del país.
La atención de los reclamos y necesidades sociales no debe verse como un impedimento para la ejecución de obras sino como un tema de viabilidad. En la medida en que las comunidades dañadas sean escuchadas, se comprometerán a una conclusión satisfactoria.
En un México apático ante la falta de mecanismos para ser escuchados en el desarrollo de proyectos, las afectaciones que implica y la falta de materialidad de los “beneficios” que prometieron traería el proyecto a esas comunidades, nos obliga a replantearnos si el esquema tradicional en el que se han ejecutado y autorizado históricamente es la correcta o se requiere implementar mecanismos adicionales que garanticen una menor afectación posible; así como, beneficios tangibles a las comunidades afectadas. La fórmula “infraestructura igual a progreso” no es una verdad absoluta.
POR ERNESTO BELTRÁN NISHIZAKI
ASOCIADO DE GALTEC ASESORES
@ERNESTO_BN
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