En su afán por terminar el Tren Maya a como dé lugar para finales del próximo año, el gobierno federal ha incurrido en gastos tanto innecesarios como exorbitantes, resultado del cambio de planos y proyecciones, así como por expropiaciones de terrenos. De todo ello se tiene información muy a grandes rasgos, pues los detalles del proyecto insignia, para variar, están reservados.
La compra de un terreno a Banco Azteca, por mencionar un caso de entre muchos, está sellada como confidencial por Fonatur de aquí a cinco años. 179 hectáreas frente al Aeropuerto Internacional de Cancún, el cual está dispuesto como una de las principales estaciones donde parará el tren.
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De ello se conocen dos cosas: se tuvo que realizar una adecuación presupuestal para poder comprar los lotes que comprenden la mencionada área, y que Fonatur adujo que dar a conocer el pago generaría especulación en el precio de los inmuebles. Se adivina, así, que el precio fue muy elevado.
El problema de la opacidad de esta administración —como de cualquier otra— es que genera más dudas que certezas, además la pregunta persiste: ¿por qué a unos se les paga sus terrenos sin que se tenga conocimiento de cuánto dinero público se desembolsó y a otros simplemente se les expropia, pagando los mínimos considerados por el catastro?
Sí. Al mismo tiempo que se da la operación con Ricardo Salinas Pliego, se expropian 2.4 millones de metros cuadrados de otras personas. Y aunque López Obrador insiste en que sí hubo diálogo y se pusieron de acuerdo con los afectados, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres señaló que quienes resultaron afectados no fueron siquiera consultados. No hubo ni propuesta ni diálogo previo, dijo.
Aquí hay ganso encerrado. ¿Será que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no informó adecuadamente al inquilino de Palacio? Difícil saberlo, como difícil les va a resultar a los quejosos coordinarse y hacer algo de peso en protesta. Y es que, no se olvide, la mayor parte de los afectados son ejidatarios.
El gobierno alega que ya para entonces se había anunciado que, por decreto, se podían saltar todos los requisitos legales, ecológicos y de impacto para poder llevar a cabo las obras más “trascendentales” de la 4T, pero ello no quita que el decreto de expropiación de esos otros terrenos emite una mala señal a los inversionistas en general.
Lo anterior en dos sentidos: primero, por el cambio en el trazo de la ruta, el cual se realizó no porque lo sugirieran los estudios especializados, sino más bien respondiendo a una decisión personal del primer mandatario. Se pierde la inversión y el conocimiento obtenido de los —pocos— estudios que se tenían para su realización. Estudios muy caros y tardíos que consideraban impactos y que ahora se desechan. Segundo, la expropiación sin aviso y sin diálogo hace que se pierda certeza jurídica.
Concretamente en el trazo de Tulum-Cancún, ¿qué tiene que ver que tenga mucho tráfico la autopista de la zona para impactar la vía del Tren Maya? ¿Se pensaba utilizar parte de la carretera para este otro proyecto? Ojalá esta sea sólo una especulación sin bases que circula en diversos ámbitos informativos.
Los mil 500 km por donde circulará el Tren Maya generan resquemor. La selva destruida, los cenotes que no soportarán el continuo tremor del tren y, con ello, colapsarán; sin olvidar las ruinas arqueológicas que, ahora sí, terminarán por desaparecer.
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Y a lo anterior se suma que, además de que el Tren Maya será operado y administrado por las fuerzas armadas, apenas ayer se anunció que el manejo del Aeropuerto de Cancún estará a cargo, a partir de ahora, de la Marina Armada de México…
Todo está generando —no sin razón— mucha preocupación. En particular a quienes habitan la península de Yucatán, a los ejidatarios, a empresarios varios. A los ecosistemas y a la fragilidad de toda esa zona se los está llevando el tren.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
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