La designación del nuevo embajador estadounidense en México, Ken Salazar, el mismo día en que Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, hacía una visita de trabajo en la capital mexicana, puso de relieve la importancia y las complicaciones de la relación bilateral.
La embajada de Estados Unidos en México es todo menos un puesto fácil: son países geopolítica, económica y socialmente de enorme importancia el uno para el otro, unidos y separados por una frontera de tres mil kilómetros.
En junio, las presencias sucesivas del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, presumiblemente para abordar la cooperación sobre seguridad; de la vicepresidenta Kamala Harris, para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas políticos, muy definidamente migración, y de Mayorkas, que supervisa y coordina a los servicios migratorios, de aduanas y protección fronteriza, son una señal del interés en México.
Puede afirmarse que las visitas buscan establecer, o restablecer, según el punto de vista, fórmulas de entendimiento y cooperación con el gobierno de López Obrador, derivadas de lo que en EU se ve como necesidades reales de seguridad nacional, del combate al tráfico de drogas y la lucha contra los traficantes de personas.
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El interés es acrecentado por relaciones económicas y comerciales, sociales y políticas que son lo mismo familiares que municipales, empresariales, estatales y federales, en un entrelazamiento íntimo.
El hecho es que lo que pase en Estados Unidos tiene repercusiones en México, y aunque sea menos espectacular, mucho de lo que ocurre en nuestro país tiene un impacto en EU.
Una pesadilla del gobierno estadounidense es la posibilidad de que un México políticamente desestabilizado o económicamente débil, lleve a una migración masiva que por razón casi natural sería hacia EU, con consecuencias de todo tipo.
Una preocupación paralela es que la delincuencia organizada en México llegue a ser tan poderosa que desafíe los controles gubernamentales y se convierta en un problema de seguridad para las autoridades estadounidenses si se vinculara con grupos extremistas internacionales.
Y a eso se pueden agregar preocupaciones como la ecología, reflejada en la crisis ambiental que afecta ya a los dos países en la forma de una sequía que golpea particularmente al oeste estadounidense y partes del noroeste mexicano, a través del suministro binacional de agua, y de paso en divergencias respecto a generación de energía, con un agregado en torno a inversiones energéticas estadounidenses en México.
En ese marco, se da la designación de Salazar, un abogado ambientalista de 66 años que fue compañero en el Senado y luego, como secretario del Interior, parte del gabinete del expresidente Barack Obama, colaboró con el entonces exvicepresidente Joe Biden.
Y aunque mucho de la relación se resuelve en las capitales, no viene a descansar.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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