Los partidos políticos deben asumir el costo de nominar como candidatos a personas que se les comprueben vínculos con la delincuencia organizada. Si a las empresas se les obliga a investigar a sus clientes para evitar operaciones de lavado de dinero, conocida como la debida diligencia, debemos exigir lo mismo a los partidos.
En Colombia, por ejemplo, si un congresista electo es procesado por un crimen grave como vínculos con la delincuencia organizada o con el paramilitarismo es destituido, el partido pierde el escaño y ninguna persona puede ocupar ese puesto. La hipótesis principal para este castigo político es que los partidos deben hacer la debida diligencia e investigar el pasado de los candidatos, sus familiares y redes financieras antes de darle una nominación oficial.
En estas elecciones intermedias se juegan más de 21 mil puestos de elección y cientos de empresas están registradas ante el INE para proveer bienes y servicios durante este proceso electoral. En un año electoral los flujos de dinero aumentan de manera significativa y lo mismo sucede con el surgimiento de cientos de empresas fantasma que solamente operan en este año y que son usadas con fines ilícitos.
Por primera ocasión el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un protocolo de investigación de actos ilícitos por parte de partidos, candidatos y empresas gracias al acuerdo firmado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas acciones preventivas fueron impulsadas por la consejera Carla Humphrey para poder cruzar información de miles de registros de candidatos y en aquellos casos en donde los algoritmos del INE o la UIF lancen una alerta por movimientos financieros sospechosos se podrán investigar a personas o empresas por posibles delitos de lavado de dinero o electorales.
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En México llevamos al menos dos décadas en donde es redituable para las organizaciones criminales locales amenazar, cooptar e incluso asesinar a políticos en campaña para lograr pactos de impunidad en su operación. En este escenario, los partidos y candidatos deben denunciarlo ante las autoridades, pedir inmediata protección a los gobernadores y a la Guardia Nacional. No podemos aceptar que la actividad política en democracia esté amenazada por organizaciones criminales y tampoco por corrupción política.
El gobierno no es responsable de alertar a los partidos políticos por posibles vínculos de sus candidatos con la criminalidad. Se piensa erróneamente que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI antes CISEN) tiene la obligación de proporcionar esta información a solicitud de los partidos. Si existe sospecha por parte de los Comités Ejecutivos de los partidos estos deben prevenir nominar a posibles criminales y no esperarse a que se lleve a cabo una investigación que termine en sentencia.
Si no se castiga a los partidos políticos por nominar a candidatos delincuentes, la impunidad criminal en elecciones continuará por décadas.
Agenda estratégica: Sugiero revisar las páginas del INE y la UIF para ampliar la información sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita durante este proceso electoral: www.ine.mx y www.uif.gob.mx
POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
@GERODRIGUEZSL
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