“A lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad.” Con estas palabras Hugo López-Gatell zanjó los cuestionamientos sobre el Covid-19 de López Obrador.
En términos legales, lo que dice López Gatell es verdad. Si bien la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones para decir que el derecho a la privacidad de las figuras públicas tiene un rasero mucho menor que el de los ciudadanos comunes, estas consideraciones encuentran uno de sus límites en el estado de salud, según criterios del INAI que han sido confirmados en tribunales.
A pesar de que organizaciones civiles y activistas han dado una batalla judicial durante años, la posición de las autoridades ha sido firme y constante. En 2004 el entonces IFAI negó el acceso de los ciudadanos a información sobre una supuesta depresión y adicción al Prozac del presidente Fox.
En 2008, el IFAI negó el derecho a conocer los detalles médicos de dos lesiones del presidente Calderón que lo obligaron a usar cabestrillo. En 2015, se negó información sobre la salud de Peña Nieto después de que se le retirara un nódulo tiroideo y apareciera en fotografías con un aspecto deteriorado. En todos los casos, la información se consideró confidencial y se declaró que es el servidor público el único que puede autorizar la publicación de estos datos.
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Sin embargo, cuando se pregunta sobre la salud del presidente, nadie espera escuchar una interpretación exegética de la ley. De buscar una respuesta legaloide, la solicitud de información se habría hecho a través del portal de transparencia.
López Obrador es una persona mayor, carga con un infarto en su historial y está contagiado de la enfermedad que ha matado a millones de personas en el mundo en los últimos meses. La responsabilidad política del gobierno en este momento es seria y no puede esconderse tras un par de declaraciones del vocero predilecto.
En medio de una crisis sanitaria y económica mundial, ¿no tienen los ciudadanos derecho a saber exactamente cómo está su presidente?, ¿no tiene López Obrador un deber moral de hacer público su diagnóstico detallado, su tratamiento y el desarrollo puntual de los síntomas que padece?, ¿qué pasa si, Dios no quiera, la situación se agrava y el presidente deja de estar en condiciones de gobernar?, ¿quién informaría entonces al Congreso para que tome las medidas conducentes dictadas por la
Constitución?
Lo que esperaríamos de un presidente responsable en una situación como esta es la instrucción de absoluta transparencia a los médicos que lo atienden, a fin de poder contar con información pública, precisa y actualizada sobre su estado.
El analista Carlos Bravo Regidor lo sintetizó de manera acertada el día de ayer en Twitter: “No es que el presidente no tenga derecho a la privacidad, es que su salud es un asunto de interés público sobre el que los ciudadanos tenemos derecho a saber. No es nomás un individuo, es el jefe del estado mexicano.”
Sin más, me permito aprovechar para desearle al presidente una pronta recuperación.
POR FERNANDA CASO
FERNANDACASO@HOTMAIL.COM
@FER_CASO
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