Nunca como hoy nuestro país palpa la importancia de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En medio de la crisis sanitaria y económica por COVID, éstas son claves para brindar servicios de salud, educativos y continuar las actividades productivas del país a casi nueve meses del confinamiento.
Esto no habría sido posible hace siete años. Sin condiciones de competencia, regulaciones poco efectivas, con servicios de menor calidad, más caros y de escasa penetración en ambos sectores.
A pocos meses de su creación en julio de 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tuvo que diseñar e imponer medidas asimétricas a los Agentes Económicos Preponderantes, licitar una nueva cadena nacional de televisión, transitar a la Televisión Digital Terrestre, eliminar tarifas de larga distancia, y otras disposiciones con el fin de que más mexicanos tengan servicios de telefonía, internet y televisión abierta y de paga.
Algunos de los resultados son conocidos, pero poco se reflexiona sobre los beneficios que representan para los mexicanos. De junio de 2013 a diciembre de 2019, los accesos a internet móvil se triplicaron de 27.4 a 97.4 millones de líneas. En el servicio fijo aumentaron en el mismo periodo 63%, de 11.8 a 19.4 millones de líneas. Casi el 80% del tráfico móvil cursó por medio de la tecnología 4G y cerca del 90% de los accesos de internet fijo fueron a velocidades de entre 10 Mbps a 100 Mbps.
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La mayor competencia y consecuente disminución de precios en estos servicios redundó en ahorros a los consumidores por aproximadamente 435 mil millones de pesos.
También hubo avances en radiodifusión: 91% de la población tiene acceso a la televisión digital; 96% a radio AM; 93% a FM; y con la consolidación de la Televisión Digital Terrestre, la oferta de canales aumentó de 311, en junio de 2013, a mil 315 para febrero de este año. Los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión también llegaron a comunidades lejanas, al otorgarse 11 concesiones de uso social indígena.
No se trata de números, sino de millones de personas que ahora tienen la posibilidad de acceder a internet o a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) habilitadoras de derechos fundamentales como la salud, educación, libertad de expresión, derecho a la información, incluso derechos políticos.
Si la pandemia hubiera ocurrido años antes, sería difícil que los alumnos tomaran clases con el programa Aprende en Casa II que se transmite por canales multiprogramados; que las empresas y oficinas de gobierno adoptaran esquemas de trabajo desde casa; o que pequeños negocios sobrevivieran gracias a las ventas en línea.
Es indispensable que el IFT se mantenga como autoridad de competencia y regulador autónomo. Ello permite que sus decisiones se basen estrictamente en criterios técnicos, ajenos a cualquier sesgo político o interés económico. Desde luego, los Organismos Constitucionales Autónomos estamos sujetos a revisión y a rendición de cuentas. Es un deber y un compromiso con los mexicanos que el IFT no elude.
POR ARTURO ROBLES RÓVALO
COMISIONADO DEL IFT
@R2ROROBLES