El pasado 23 de enero de 2025, el Área Metropolitana de Monterrey de Adrián de la Garza Santos, encendió nuevamente las alarmas por la crisis de calidad del aire que ha convertido a la región en una de las más contaminadas del país. Ese día, estaciones de monitoreo ambiental reportaron niveles críticos de contaminación por PM2.5, las microscópicas pero letales partículas que hoy representan una amenaza ineludible para la salud pública.
En Santa Catarina, que gobierna el morenista Jesús Nava, los niveles promediaron 74 microgramos por metro cúbico durante 12 horas, más del doble del límite permitido por la norma ambiental mexicana, que establece un máximo de 33 microgramos. En su concentración horaria, alcanzaron picos de hasta 126 microgramos, un nivel que coloca a la población en una situación crítica y de alto riesgo.
Las partículas PM2.5, con un diámetro menor a 2.5 micras, tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo el liderazgo de Tedros Adhanom, ha advertido que la exposición prolongada a estas partículas se relaciona con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer de pulmón y hasta trastornos cognitivos en niños.
Lo grave es que en 2024, Monterrey registró concentraciones históricas de estas partículas, situación atribuida en gran medida a un incremento en la refinación de barriles en la Refinería de Cadereyta, según informes del Gobierno estatal, que comanda Samuel García. Los municipios más afectados, como Cadereyta, que dirige Carlos Rodríguez Gómez; Juárez, de Félix Arratia; Escobedo, que lleva Andrés Mijes y San Nicolás de los Garza bajo el gobierno de Daniel Carrillo, no solo reciben emisiones de esta refinería, sino también de otras fuentes industriales y vehículos que saturan la región.
Frente a esta crisis ambiental, las autoridades de Nuevo León han intensificado esfuerzos para enfrentar el problema, pero los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encabezada por Mariana Boy Tamborrell, clausuró recientemente la planta de Zinc Nacional en San Nicolás, después de detectar niveles alarmantes de metales pesados como plomo, arsénico y cadmio en zonas residenciales y escolares cercanas.
El Gobierno estatal, por su parte, ha reforzado el diálogo con Pemex, liderado por Víctor Rodríguez Padilla, en la búsqueda de garantizar que las operaciones de la Refinería de Cadereyta cumplan con las normativas ambientales. Sin embargo, expertos en calidad del aire coinciden en que estas medidas, aunque necesarias, son insuficientes. La magnitud del problema exige acciones coordinadas y constantes para abordar la raíz del problema, que incluye fuentes industriales, vehículos contaminantes y la falta de monitoreo efectivo.
La contaminación por PM2.5 no es solo un problema local. Estas partículas pueden ser arrastradas por el viento hacia estados vecinos como Coahuila, de Manolo Jiménez, Tamaulipas que gobierna Américo Villareal y San Luis Potosí de Ricardo Gallardo, para propagar su afectación a la salud de miles de personas más allá de Nuevo León. Su impacto es tanto humano como ambiental.
De acuerdo con IQAir, una plataforma global de monitoreo de calidad del aire, las partículas PM2.5 representan la mayor amenaza para la salud humana entre todos los contaminantes atmosféricos. Estas partículas se depositan en cultivos y bosques, alteran el equilibrio de nutrientes y llegan a cuerpos de agua, donde provocan daños irreversibles en los ecosistemas. Es así que, hoy más que nunca, se requiere un compromiso colectivo, no solo de las autoridades, sino también de la sociedad y el sector industrial, para combatir esta crisis de salud pública y ambiental.
El plástico y la agenda que viene
En este arranque de año la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Marlene Fragoso y dirigida por Raúl Mendoza, apuesta por una implementación de políticas gubernamentales que ayuden a la estabilidad de esta industria, que representa el 3.1 del PIB manufacturero, fomentar la economía circular, la inversión en tecnologías del reciclaje, la reutilización de plásticos, el desarrollo en nuevos productos, así como servicios que promuevan la sostenibilidad, sin dejar de lado el pronunciarse por una regulación a nivel federal sobre el uso de plásticos.
Los temas en materia de sostenibilidad y economía circular también son parte de la agenda pues se busca promover al interior de las empresas prácticas sostenibles, y trabajar con autoridades en regulaciones y políticas públicas que incentiven a la industria, misma que está de acuerdo en la regulación más no en la prohibición.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR
@ARTURO_RDGZ
MAAZ
