Trump, Trump, Trump. Apenas comienza su segundo período como presidente y ya ha revolucionado todo lo que ha podido. Podido, escribo, que no necesariamente coincide con lo que ha querido. Es el gran disruptor; y es necesario acatar su voluntad. Cuando él quiere, como él dice y porque él quiere. Con o sin razón.
No habían terminado los festejos por su toma de protesta cuando ya había firmado una serie de decretos que cambiarán la fisonomía demográfica de nuestro vecino del norte. Entre esos decretos el no permitir que solo por nacimiento (haber nacido en territorio de los Estados Unidos) se obtenga la nacionalidad de ese país. Trump pugna para que obtener la nacionalidad sea algo más que solo un accidente geográfico.
Por un momento no discutamos si tiene o no razón. Veamos primero unos datos: hay 30 países a nivel mundial que conceden la nacionalidad automática solo por nacer en ellos; 26 de estos países están en el continente americano. Otros países, como son Australia, el Reino Unido, Colombia, Irlanda o Alemania, conceden la ciudadanía por nacimiento condicionada y entre esas “condiciones” están desde tener padres nacionales, hasta residir en el territorio durante determinado tiempo para obtenerla. Hay naciones como la República Dominicana que señala en su Constitución que NO otorgará la ciudadanía a los hijos de residentes ilegales nacidos en su territorio.
Así, el obtener la nacionalidad automáticamente por nacer en un país se conoce como ‘derecho de suelo’ y no es inusual condicionarlo como pretende Trump. Este derecho se contrapone al ‘derecho de sangre’, que básicamente significa que la ciudadanía se hereda de los progenitores.
En fin, su propuesta no es innovadora, pero tampoco descabellada y la Constitución de ese país permite la interpretación de lo que el mandatario está decretando. Quizá por ello, 22 estados de la Unión Americana están impugnando dicha medida. Y es que cabe la posibilidad, una vez entrados en gastos por cuanto a laxitud de interpretación, que esto no solo se implemente contra los hijos de migrantes, sino también en perjuicio de quien le caiga mal a Donald Trump.
También en razón de lo anterior es que el juez federal John Coughenour falló en contra y adujo que los precedentes en la Suprema Corte y la XIV enmienda a la Constitución han consagrado el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Dijo: esto que determinó Trump es “una orden flagrantemente inconstitucional”.
Pero lo que me propongo subrayar hoy en este texto es que el presidente Trump le respondió a las pocas horas de esta manera: “obviamente apelaremos su decisión”. Mucho me temo que esto tan solo ha empezado; me refiero al interés que muestra el originario de Queens en Nueva York por descabezar al Poder Judicial estadounidense.
Será interesante saber si piensa seguir la receta del autócrata de este lado del río Bravo. Esto es, si los términos del MAGA (Make America Great Again) incluyen destituir a juristas que no se plieguen a sus designios.
A Trump no le molesta coquetear con el desacato y hacer alarde de no obedecer al Poder Judicial. Total, él ya sabe que en temas judiciales, puede ser declarado como criminal e igual ser el presidente de los Estados Unidos.
Si partimos de que Donald Trump hará lo que él considere necesario para “adueñarse” de esa rama del Estado, los paralelismos con México se dibujan evidentes. Y al igual que ocurrió en nuestra nación, Trump tiene dos opciones:
(1) la retardada, teniendo ya la mayoría de los jueces republicanos (tres nombrados por él en su 1ª presidencia y luego dos más que pronto nominará).
(2) La ejecutiva, desacreditar a jueces y constitucionalistas para inmediatamente después impulsar una reforma integral con el apoyo popular.
Mucho se dice que en Estados Unidos, a diferencia de otras latitudes, hay instituciones sólidas. Estamos por ver qué tan sólidas. Máxime con un Congreso, un Senado y hasta una Suprema Corte con mayoría republicana. “Hágase mi voluntad” es el signo de los tiempos y Estados Unidos podría no ser la excepción.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
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MAAZ
