Uno de los cambios de fondo que le dio sustento a la transición democrática mexicana fue la reforma constitucional de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo, que redujo el número de ministros de la Suprema Corte, amplió su periodo y fue construyendo así una estructura independiente del Ejecutivo que no tenía en ese momento.
Las discusiones sobre la constitucionalidad o no de leyes y ordenamientos se vinieron en avalancha, en un momento en donde el papel de la Corte era fundamental para interpretar con autonomía y profesionalismo el nuevo escenario de la democracia mexicana.
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Pero las presiones políticas a las que siempre son sometidas estas autoridades llegaron a un punto límite cuando el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, decidió avisar públicamente al resto de los ministros que había que convertirse en un ente político para complacer a López Obrador y, al mismo tiempo, enfrentar el hecho de que la pregunta enviada por éste era “un concierto de inconstitucionalidades”.
Fue tan burda la maniobra y la reformulación de la pregunta, al grado que el ministro Zaldívar se vio obligado a declarar que: “la consulta no obliga a iniciar investigaciones y va encaminada a crear comisiones de la verdad”, lo que implica una acción que recaería en el Legislativo, violando así la división de poderes.
La Suprema Corte es la última instancia encargada de dictaminar aquello que se debe cumplir obligatoriamente y no un medio para sugerir la posibilidad de llevar a cabo acciones políticas o sociales.
La demagogia jurídica con la que actuaron los seis ministros impulsores de la consulta, recuerda tristemente a aquellos jueces que, en regímenes totalitarios o dictatoriales, se encargaban de revestir de legalidad aquellos actos de poder que violaban la igualdad de individuos ante la ley, la presunción de inocencia o los derechos humanos en general.
La incomprensible pregunta aprobada por la Corte permite cualquier cosa: juzgar funcionarios o no; garantizar el pago de indemnizaciones a víctimas de diferentes autoridades incluyendo las actuales o la locura que se le ocurra al gobierno una vez aprobada la consulta.
La SCJN dejó de funcionar como máximo tribunal y se convirtió en un instrumento para complacer las ocurrencias del primer mandatario. Entramos así en una fase muy peligrosa del ejercicio del poder, donde los equilibrios desaparecen, al igual que la división de poderes y el diálogo democrático.
Ante la ausencia de una oposición política cohesionada y la movilización encabezada por un grupo extremista, el país vive momentos de indefinición que requieren, a pesar de todo, de la presencia de hombres y mujeres de Estado.
Por EZRA SHABOT
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