El principio de igualdad en el mundo moderno rompió con la llamada desigualdad natural existente en la Antigüedad y en la Edad Media. Todos los individuos somos iguales ante la ley, a pesar de las diferencias en los ámbitos social y económico. Los movimientos revolucionarios cuestionaron la equidad jurídica considerándola un engaño frente a una realidad que hacía patente las condiciones de riqueza y pobreza de unos y otros.
Así, si bien todos somos legalmente iguales, no lo somos en el resto de las categorías. La necesidad de reducir la desigualdad pasa por una disputa política de los qué y los cómo obtener este objetivo. Esa misma desigualdad existe entre aquellos que poseen el poder político y lo ejercen, y aquellos otros que carecen de él y se ven obligados a recurrir precisamente a instancias legales para protegerse de sus abusos.
Por eso resulta amenazante escuchar desde la voz del Presidente el listado de sus críticos y sus apoyadores. De los leales y de los “chayoteros”, de los patriotas y de los traidores. Lo que AMLO llama el derecho de réplica, no pretende desarmar el argumento de sus críticos con información y análisis que desnude la supuesta pobreza del argumento cuestionador. De lo que se trata es no sólo descalificar la legitimidad del individuo que critica, sino azuzar a sus seguidores para echar a la hoguera a todo aquel que el dedo acusador del máximo poder elija como enemigo.
Por supuesto que la queja de cualquier político sobre el abuso que un periodista haga de su actuar público o privado es válida. Se trata de un poder que hay que utilizar con absoluta responsabilidad y responder por lo que se dice o se escribe. Pero cuando desde la Presidencia de la República se elaboran listas, no para identificar el sentir de columnistas y editorialistas, lo que sería totalmente legitimo, sino para mostrar a sus críticos como corruptos y traidores, la línea del diálogo democrático se ha roto.
Y es que en la relación entre prensa y poder no podemos establecer un equilibrio. Simplemente no somos iguales, y nuestras funciones son distintas. El gobierno pretende informar aquello que le beneficia y reducir al mínimo e incluso ocultar la difusión de sus errores, mientras que al profesional de los medios le interesa descubrir precisamente lo que el gobernante no quiere que se vea. Es una relación de toma y daca entre las partes que se reconocen desiguales, pero que se requieren mutuamente.
Si López Obrador y sus funcionarios sólo consideran como legítimos interlocutores a sus periodistas incondicionales, la relación con los medios deja de ser la de socios de una democracia, para convertirse en enemigos dentro del autoritarismo como sistema.
[nota_relacionada id=1255891]POR EZRA SHABOT
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