A unas semanas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, acusados del asesinato de María de los Ángeles Pérez Tamez, regidora de Atizapán en 2002; el segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, notificó la resolución de la apelación, condenando al primero a 35 años de prisión y absolviendo al segundo, informó el colectivo Pena Sin Culpa.
El año pasado ambos fueron sentenciados a 35 años de prisión, por homicidio calificado por un juez de primera instancia de Tlalnepantla; de los cuales, se les descontarían los 20 años que estuvieron privados de su libertad, durante el proceso, 17 en el penal de Barrientos y más de tres en arraigo domiciliario.
El colectivo señaló que en caso de Daniel García se confirmó la condena de 35 años de prisión, por ser supuesto autor intelectual de la regidora panista.
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Mientras que Reyes Alpízar fue absuelto a reconocer que no existe una sola prueba en su contra, lo cual, “resulta incongruente al tratarse de un solo juicio, con las mismas pruebas”.
“La condena de Daniel García es una acción de venganza del Estado mexicano por las denuncias públicas que ha hecho en su propio caso y elevarlo a instancias internacionales de protección a derechos humanos, así como exhibir la corrupción e ineficiencia del sistema de procuración de justicia”.
Pena Sin Culpa destaca que el artículo 53 del Reglamento de la Corte Interamericana prohíbe enjuiciar o ejercer represalias contra las víctimas por su participación en dicho Tribunal Internacional; por lo cual, denunciaron ante la Corte la nueva resolución “por considerar que representa un castigo ilegítimo”.
El colectivo celebró que después de 20 años se reconozca la inocencia de Reyes Alpízar, quien fue víctima de tortura y encarcelamiento arbitrario.
“Su absolución es resultado de la lucha de las familias, incluyendo la búsqueda de justicia en el ámbito internacional, ante la Comisión Interamericana y ante el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, quienes señalaron que el Estado mexicano los detuvo, arraigó y encarceló de manera arbitraria, con pruebas obtenidas bajo tortura, vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo”.
Pena Sin Culpa señaló que seguirán buscando la justicia para ambos, y que será la justicia internacional quien emita la última palabra.
La regidora fue asesinada cuando realizaba una investigación sobre presuntos actos de corrupción en el municipio Atizapán, entonces gobernado por el panista Juan Antonio Domínguez.
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