Por unanimidad de votos el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el plan de trabajo y cronograma para la implementación del llamado Plan B de la reforma electoral, que se realizará entre abril y octubre de 2023.
Entre reclamos e improperios de los representantes de Morena, Mario Llergo y Hamlet García, quienes acusaron a los consejeros de incumplir con los lineamientos para buscar mantener privilegios, se avaló en sesión extraordinaria la tarde de este jueves “El plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la reforma electoral 2023”, que establece la ruta programática para cumplir con los cambios que contempla la reforma electoral a seis leyes reglamentarias.
El acuerdo elaborado por el Comité Técnico que se instaló la mañana de este jueves y que se encargará de implementar la reforma, refiere el desfase de dos meses que existe para la aplicación del decreto, toda vez que la totalidad del Plan B fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), apenas el pasado 02 de marzo y éste no establece el camino a seguir y la estructura programática para realizar los cambios en la estructura del INE no es congruente con los tiempos de las actividades que debe realizar el instituto.
“Los plazos que se proponen obedecen a que resulta materialmente imposible seguir la secuencia cronológica establecida en los artículos transitorios debido a que hay actividades con plazo más lejano que deben realizarse antes que las que tienen un plazo próximo, ello en función de la lógica que plantea la metodología de una reestructura institucional integral y la construcción de un nuevo marco normativo.
Por lo que, con el propósito de implementar la reforma electoral de manera total, antes del inicio del Proceso Electoral Federal, resulta indispensable modificar el orden de dichas actividades y, en consecuencia, los plazos establecidos en los artículos transitorios para que el Instituto se reorganice de manera oportuna y brinde certeza a la ciudadanía, a los actores políticos y al propio personal del Instituto en la emisión y aplicación del nuevo marco normativo”, señala el acuerdo.
La presidenta del Comité Técnico, la consejera Claudia Zavala, detalló que los plazos que se proponen obedecen a que, “resulta materialmente imposible seguir la secuencia cronológica establecida en los artículos transitorios”, debido a que hay actividades con plazo más lejano que deben realizarse antes que las que tienen un plazo próximo.
Añadió que, con el propósito de implementar la reforma electoral de manera total, antes del inicio del proceso electoral 2024, es indispensable modificar el orden de las actividades y, en consecuencia, los plazos establecidos en los artículos transitorios del Plan B, para que el Instituto se reorganice de manera oportuna y brinde certeza a la ciudadanía, a los actores políticos y al propio personal del Instituto en la emisión y aplicación del nuevo marco normativo.
El representante de Morena, Mario Llergo, arremetió en contra del consejero presidente, Lorenzo Córdova a quien responsabilizó de la programación, aseguró que con ello se busca violentar la ley, debido a que el decreto establece como fecha máxima el 01 agosto para la implementación de la reforma.
“De nueva cuenta señores consejeras y consejeros, asumen el papel de legisladores. Si tantas ganas tienen de emitir leyes y modificar la voluntad popular, pues les invito a que se postulen y puedan legislar en su libre derecho. Porque si analizamos los plazos previstos de la reforma, en su mayoría recaen sobre aspectos fundamentales que siempre hemos venido recriminando, la conservación de sus excesos y de sus privilegios”, señaló el morenista.
En respuesta la consejera Claudia Zavala, aclaró que se trata de la presentación de un plan de trabajo con las etapas que tendrá la implementación de la reforma y que dijo, requiere de un análisis exhaustivo de datos de todas las áreas y no tiene nada que ver con la decisión de un solo consejero.
“No son los consejeros, diputados, son las áreas las que están presentando este trabajo y es un comité en el que no está ni el Presidente, ni el consejero Ciro, ni la consejera Adriana, ni el consejero José Roberto, somos siete, los que, de manera muy responsable, estamos presentando un trabajo de horas de trabajo con todas las áreas de este Instituto que estamos implicadas”, respondió a Llergo.
Al respecto, el consejero Ciro Murayama confió en que, durante el proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre la constitucionalidad de la reforma.
“Yo espero que de aquí a octubre que terminen los trabajos del comité se pueda pronunciar la Suprema Corte, se eche abajo Plan B, y México vaya a las elecciones de 2024 con las leyes, fruto del gran consenso democrático, y con las instituciones que han dado elecciones libres y auténticas”, señaló.
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dhfm