En Nuevo León, la contaminación del aire ya no es sólo un problema ambiental, sino una crisis de salud pública. En 2024, los niveles de PM2.5 alcanzaron cifras históricas, y el inicio de 2025 no ha sido diferente. El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) del gobierno estatal reportó que, el 23 de enero, la contaminación en Santa Catarina, gobernado por Jesús Nava Rivera, superó en más del triple el límite permitido por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021.
Las mediciones reflejaron picos de hasta 126 microgramos por metro cúbico, cuando el máximo aceptable es de 33. La OMS ha advertido que la exposición prolongada a estas partículas multiplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y daños neurológicos; sin embargo, la contaminación no sólo proviene de fuentes móviles como el parque vehicular, pues también la actividad industrial juega un papel determinante.
El Sistema Nacional de Trámites (SINAT) de Semarnat confirma que entre las empresas con mayores emisiones están Pemex, de Víctor Rodríguez Padilla; Iberdrola México, dirigida por Katya Somohano; Ternium México, de César Jiménez; Cemex, liderada por Fernando González Olivieri. En Cadereyta, la refinería de Pemex es señalada como la mayor emisora de contaminantes.
Según el Inventario Nacional de Emisiones de México, cada año libera más de 200 toneladas de formaldehído, 2.4 toneladas de cadmio, 5.2 toneladas de cromo y 510 kilogramos de níquel, todos ellos altamente tóxicos. Mientras tanto, Iberdrola México, con plantas en Pesquería y El Carmen, ha reportado la emisión de mil 794 millones de toneladas de dióxido de carbono en un solo año, además de 15 mil toneladas de formaldehído y 10 mil 434 toneladas de acroleína, compuestos con un impacto directo en la calidad del aire.
Las consecuencias de esta contaminación han quedado en evidencia. Un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) detectó metales pesados en suelos urbanos, mientras que la clausura de Zinc Nacional en San Nicolás, ordenada el 17 de enero de 2025 por la Profepa, dirigida por Mariana Boy, confirmó la presencia de plomo, arsénico y cadmio en zonas habitacionales. Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha señalado que las partículas PM2.5, provenientes de emisiones industriales, contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la región.
El gobierno de Samuel García ha impulsado acciones regulatorias y presentado denuncias contra empresas contaminantes. En enero de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, encabezada por Alfonso Martínez Muñoz, presentó una denuncia ante la FGR contra la Refinería de Pemex en Cadereyta. Sin embargo, organizaciones civiles insisten en que aún falta endurecer la regulación y aplicar sanciones efectivas. El dilema en Nuevo León es evidente: el desarrollo industrial no puede avanzar sin responsabilidad ambiental.
POR JAIME NÚÑEZ
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