Para 2023, las entidades recibirán más de 8 mil 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
De acuerdo con los Criterios de Distribución del Fondo —publicados en el Diario Oficial de la Federación— para el ejercicio fiscal del próximo año, se aprobaron 8 mil 786 millones 854 mil 724 pesos, de los cuales el 0.1 por ciento serán transferidos a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para la fiscalización de esos recursos.
Esto significa que 8 mil 778 millones 67 mil 869 pesos se distribuyen entre 32 entidades y la que más recursos asignados tiene es Estado de México, con 604 millones 522 mil 982 pesos, seguida de la Ciudad de México, con 542 millones 168 mil 20 pesos.
El FASP es un fondo con el que se transfieren recursos a los estados para que estos den cumplimiento a estrategias en materia de seguridad pública.
Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que los 8 mil 786 millones de pesos para el FASP en 2023, representa un incremento del 10.1 por ciento con respecto a 2022.
“Por la aprobación de este Honorable Congreso, para 2023 este Fondo será de 8 mil 786.9 millones de pesos, lo que representa un incremento del FASP de 10.1 por ciento con respecto a 2022, en beneficio de las 32 entidades federativas”, señaló la funcionaria.
También se publicaron los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP para el ejercicio Fiscal 2023, que indican que las entidades deben elaborar propuestas de inversión.
Además, los estados ejercerán y administrarán los recursos conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, registrándolos como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos.
“Las entidades federativas deberán aportar con cargo a su presupuesto, cuando menos el equivalente al 25 por ciento del monto FASP que les sea asignado, observando la normativa aplicable”, indican los criterios.
Establecen también que el Secretariado Ejecutivo, a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, determinará el mecanismo para el seguimiento del avance en el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto, incluyendo rendimientos financieros, además que podrá determinar mecanismos alternos o complementarios. Las entidades rendirán informes mensuales y trimestrales.
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