El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al Senado de la República corregir errores en la lista de 4,224 candidatos para la elección del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio de 2025. Tras identificar vacíos de información, el INE otorgó un plazo de 48 horas a la Cámara Alta para subsanarlos.
Los aspirantes, seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, competirán por cargos clave, como ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF. El INE enfatizó la importancia de contar con datos completos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.
Al respecto, Diego Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresó su profunda preocupación por las irregularidades que han marcado el proceso de elección de jueces y magistrados en México.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, que transmite en la señal de El Heraldo Media Group, Diego Valdés calificó la situación como un reflejo de un “postconstitucionalismo”, término que describe un periodo en el que se aparenta cumplir con la Constitución, pero en realidad se desvirtúa su aplicación.
Los propios autores de la reforma están violando las reglas que ellos mismos establecieron. La Constitución es clarísima, pero ha sido ignorada de manera sistemática”, afirmó.
Un proceso plagado de errores
Entre las violaciones que destacó, se encuentra la decisión del Senado de asumir facultades que corresponden exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, y el incumplimiento de plazos establecidos en la Constitución para la entrega de listas de candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE).
Ni siquiera han respetado lo más elemental, como los plazos constitucionales”, lamentó.
El académico subrayó que las deficiencias del proceso son evidentes y múltiples. Citó como ejemplo el caso de Lilia Mónica López Benítez, quien fue incluida en una lista de candidatos al proceso a pesar de haber declinado formalmente su participación.
Es un caso claro de violación a la norma y a los derechos de las personas”, comentó.
Valdés advirtió que la forma en que se ha conducido el proceso compromete la legitimidad de quienes resulten electos.
Los jueces, magistrados y ministros que surjan de este proceso estarán expuestos a una falta de legitimidad institucional, lo que los hará vulnerables a presiones indebidas, tanto de grupos delincuenciales como de intereses económicos y políticos”, indicó.
Un futuro incierto para la justicia en México
El investigador describió el panorama como el “más oscuro” en la historia constitucional de México. Según Diego Valdés, la acumulación de errores en la implementación de la reforma y la falta de voluntad para corregirlos están llevando al país hacia una crisis institucional sin precedentes.
La justicia en México estará severamente distorsionada. Vamos hacia un periodo de incertidumbre jurídica que no hemos vivido en 200 años de vida independiente”, advirtió.
Ante este escenario, Diego Valdés sugirió como posible solución la postergación de las elecciones, una medida que, aunque poco probable, sería necesaria para garantizar un proceso apegado a la Constitución. Sin embargo, lamentó que las autoridades no parecen dispuestas a tomar esta decisión.
Finalmente, Diego Valdés subrayó que la actual crisis institucional no solo afectará a los ciudadanos, sino también a las propias autoridades federales y locales, quienes sufrirán las consecuencias del debilitamiento del sistema de justicia.
El desmoronamiento del sistema institucional es inevitable si no se toman medidas correctivas urgentes”, concluyó.
Sigue leyendo:
Con sobresaltos, la elección avanza
INE suspende sesión para ordenar publicación de lista de candidatos al Poder Judicial
