El miércoles pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió del Senado los listados de las candidaturas para la elección de integrantes de diversos órganos del Poder Judicial de la Federación.
El proceso electoral, con sobresaltos, avanza. Después del jaloneo entre la Corte, el Tribunal Electoral y el Senado, lo cierto es que formalmente ya hay candidaturas. La paradoja es que esas personas aún no pueden hacer campaña.
Como lo leen: nuestra legislación previó que a mediados de febrero estuvieran conformadas las listas de candidaturas, pero señala que las campañas electorales comienzan hasta el 30 de marzo, con una duración de 60 días.
La pregunta es ¿qué pueden hacer en este inter? Esa respuesta no está en la norma, así que pronto la tendremos a través de interpretaciones plasmadas en sentencias que analicen caso por caso: prueba y error. Resulta ingenuo pensar que quienes aspiran a ganar la elección guardarán absoluto silencio en estas seis semanas en las que ya tienen el boleto de entrada, pero en estricto sentido cualquier acto en que se promocionen o den a conocer podría ser considerado un acto anticipado de campaña. En otras palabras, queda abierta la puerta para la simulación y simplemente ponen en una encrucijada nuevamente a las autoridades electorales.
La buena noticia es que este tiempo es valioso para candidaturas y para el INE. Estamos ante un proceso electoral inédito, donde la autoridad electoral ha tenido que hacer malabares para su organización, sorteando conflictos jurídicos, con tiempo y recursos limitados. Si bien ha emitido ya varios acuerdos y reglas, tiene muchas tareas por delante en esta compleja elección.
Por su parte, la mayoría de los contendientes nunca han participado en un proceso electoral, mucho menos con estas características. Deberán aprovechar este tiempo para informarse bien de las reglas del juego, preparar sus campañas y prever su rendición de cuentas.
El tema no es sencillo. Se trata de campañas electorales sui generis, muy acotadas. No pueden intervenir partidos políticos ni autoridades; está prohibido cualquier tipo de financiamiento; deben destinar exclusivamente recursos propios para “gastos personales”, con un tope de gastos muy reducido, y las campañas solo pueden desarrollarse en terreno con propaganda en papel (léase trípticos); en redes sociales sin la posibilidad de pagar pauta, y en medios de comunicación a través de foros y entrevistas.
El entramado normativo es complejo. Las prohibiciones son muchas y el sistema de procedimientos sancionadores funcionará como en cualquier elección, en donde generalmente se tienen centenas o miles de procedimientos que hay que atender para evitar ser sancionados.
Finalmente, la rendición de cuentas es estricta. El INE emitió los lineamientos para la rendición de los informes de gastos y los tiempos para el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Los dictámenes que pueden derivar también en sanciones y eventualmente hasta en la nulidad de la elección.
Mi intención no es alarmar, simplemente llamar la atención en lo que viene en los próximos días. Como dicen por ahí, a ponerse las pilas y estar atentos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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