La iniciativa de reforma a la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se espera sea discutida en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo jueves 19 de abril, prevé nuevas obligaciones para las compañías mineras, entre ellas, realizar un estudio de impacto social de sus actividades, cancelar concesiones a las empresas que no cuenten con permisos vigentes de uso de agua, además de tipificar como delito la extracción ilegal de minerales o no garantizar la seguridad de los mineros.
En entrevista con Darío Celis para Tiempo de Negocios de El Heraldo Media Group, Armando Ortega, presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio del Canadá en México, comentó que con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara Minera se ha hecho un esfuerzo para que esa ley, que afecta a la minería y a los diferentes sectores económicos que dependen de los insumos, tenga un amplio debate.
Sin embargo, dijo, desde un principio la ley fue enviada al Congreso sin ningún tipo de consulta, no pasó por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ni por la de Gasto y Financiamiento. Respecto a que el próximo jueves se sancione esta ley es "altamente factible".
"Entendemos que dentro del propio Gabinete hay otros ministerios que quisieran que esto tuviera más reflexión y esperemos que eso sea lo que prevalezca", apuntó.
Empero, agregó, en el sector prevén que se aprobará en la Cámara de Diputados, aunque quizá sea en la de Senadores, donde haya un periodo de reflexión sobre ella.
Destacó que ven diversos impactos para los inversionistas canadienses y extranjeros, y recordó que en la Ley Minera de 1992 eliminó el tope del 49 por ciento para que estos pudieran participar en ese sector, y se dejó el esquema de una concesión con una duración que puede ser prorrogable por 50 años, así como un esquema abierto, en el que se declara a los terrenos libres por parte de la Secretaría de Economía, que es el regulador, y el primer solicitante tiene derecho a obtener una concesión en materia de aguas nacionales.
Agregó que anteriormente estos inversionistas tenían acceso libre y preferente de aranceles y en cualquier obstáculo técnico, así como certeza en el acceso, teniendo un marco jurídico estable y una actuación gubernamental basada en el Estado de derecho; sin embargo, indicó, eso se vulnera con esta iniciativa, ya que el Gobierno federal plantea que las asignaciones que se da a sí mismo en materia minera serán preferentes para las empresas paraestatales.
"A ellas no dice la iniciativa que se les aplique ningún tipo de disposición relacionada con el resto de los jugadores, eso ya per se es un trato discriminatorio", acotó.
Agregó que los socios canadienses pueden ver esta reforma como un proceso de nacionalización, ya que implica diversas restricciones que obstaculizan la inversión, y caen "en la hipótesis de una expropiación indirecta".
Seguir leyendo:
AMLO asegura que la ley minera no es expropiatoria: "Se mantendrán las concesiones"
AMLO envía iniciativa para reducir concesiones mineras de 50 a 15 años