Victoria Beltrán, coordinadora del área de Litigio Estratégico de PODER, parte del equipo que asesora legalmente a los Comités de Cuenca Río Sonora, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya
“Llamamos a legislar, esto es, legislar de forma consciente de la realidad de un país que atraviesa por graves problemas socioambientales relacionados con la minería, cuya solución no puede esperar más; legislar con pies que anden en los caminos de terracería, de la mano de la gente que lo mínimo que merece es una escucha seria, escucha que por los efectos de desigualdad e injusticia también podría estar monopolizada por los representantes del lucro por el lucro mismo”.
En el artículo sexto de la Ley Minera, que define a la actividad minera como preferente y de utilidad pública, se encuentra el núcleo de la inconstitucionalidad de esta Ley, que abre la puerta a violaciones de derechos humanos y ataca puntualmente la agencia de los pueblos.
Vulnerar la agencia de los pueblos es introducir opresión -punto que refuerza su inconstitucionalidad-, propicia desbalances nefastos y, en sus últimas consecuencias, resulta criminal. Independientemente de que se encuentre legalizado, este artículo sexto y la Ley Minera en general es violatoria de derechos.
En su artículo primero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, al hablar del derecho de libre determinación prevé que los pueblos puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y expresamente prohíbe que los pueblos puedan ser privados de sus propios medios de subsistencia.
La agencia de los pueblos sobre sus recursos resulta de tal calado que en el artículo 25 del PIDESC se establece que ninguna disposición del propio Pacto puede ser interpretado en menoscabo “del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales”.
A la luz del PIDESC, las pretendidas bondades del artículo sexto de la Ley Minera -maquilladas con la utilidad pública - se resquebrajan, puesto que en los hechos legaliza dando prioridad al despojo, anula la libertad de los pueblos para disponer de sus recursos conforme a su visión y decisiones, y va en contra de la protección de las personas a no ser desapropiadas de sus medios de subsistencia. Impone una actividad reconocidamente invasiva, riesgosa y devastadora como preferente, por encima de todas las demás opciones que pueda ofrecer el territorio, opciones que van más allá de un uso pragmático, al englobar el espacio donde los pueblos conectan con la dimensión espiritual, con sus ancestros, donde pueden también celebrar o conmemorar los eventos de la vida.
Adicionalmente, es inaceptable tener una legislación que permite que empresas con un historial de abusos a derechos humanos, en los que han refrendado su falta de respeto por la vida humana, el trabajo, el ambiente y la vida diferente de la humana, puedan no solo seguir operando y conservar sus concesiones, sino además hacerse de más concesiones.
Indigna profundamente que haya industrias mineras cuyos titulares encabezan las listas de riqueza al lado de poblaciones que no cuentan con los más básicos servicios. Eso no es desarrollo, tiene otro nombre y ese nombre es opresión.
Pero poco margen queda si lo que prevalece en la legislación es la extracción abusiva.
Tener en la ley artículos que inciden negativamente en la agencia de los pueblos, no solo es penoso, sino que trasciende a abusos que deben ser denunciados y ponen de manifiesto que esa legislación debe cambiar.
Perder las riendas de nuestro destino como pueblos tiene impactos profundos. No se trata solamente -de por si muy grave- de las afectaciones a la ganadería, a la agricultura, a sitios sagrados o de protección natural, sino que todo se trastoca y es expandible a niveles indignantes, porque la codicia no conoce límites y porque los abusos necesitan un freno que no tienen.
Y ahora ¿qué hacer?
En este escrito hacemos una propuesta muy concreta: llamamos a legislar, esto es, legislar de forma consciente de la realidad de un país que atraviesa por graves problemas socioambientales relacionados con la minería, cuya solución no puede esperar más; legislar con pies que anden en los caminos de terracería, de la mano de la gente que lo mínimo que merece es una escucha seria, escucha que por los efectos de desigualdad e injusticia también podría estar monopolizada por los representantes del lucro por el lucro mismo.
La metodología propuesta es con miras a trabajar en contenidos que restituyan a los pueblos en el lugar que es suyo y que nunca se debió permitir que les fuera despojado por la codicia de unos pocos.
Dar ese primer paso para que retomen las riendas que les fueron arrebatadas y colocarles al centro en una modificación profunda y trascendente de la Ley Minera.
¿Qué quiere decir eso último?
En pocas palabras, y en esto recojo el llamado de la Colectiva Cambiémosla Ya que ha trabajado el tema tocando base con pueblos y comunidades, que se trate realmente de reformas cuyo núcleo sea la vida, la integridad, la salud, la agencia, el goce efectivo de los derechos humanos de los pueblos, incluyendo los impostergables mecanismos que les protejan frente al abuso empresarial.
Con los pueblos afectados, instamos al Poder Legislativo a trabajar en las modificaciones necesarias en la Ley Minera en este sentido.
A los pueblos afectados el llamado es a lo mismo a lo que han dedicado tanto esfuerzo y por ello merecen todo el reconocimiento: Resistir, en movimientos pacíficos y organizados, porque quien resiste tiene una oportunidad y frente al despojo que sufren, los pueblos tienen toda la legitimidad para hacerle frente y ponerle un alto.
POR VICTORIA DE LOS ANGELES BELTRÁN CAMACHO
@PODERLATAM
@VBELTRN1
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