El escándalo por el Rancho Izaguirre en Teuchitlán ha generado una muy intensa discusión en torno al proceder y la negligencia de las autoridades. Primero están la responsabilidad de la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, que desde septiembre pasado tenían conocimiento de la existencia de ese predio y de que ahí se cometieron delitos tanto del fuero local como del federal. ¿Qué hicieron (o no hicieron) al respecto? ¿Por qué? Luego están las responsabilidades más recientes, una vez que el grupo de Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al lugar y encontró casquillos de bala, cargadores de armas, zapatos, ropa, mochilas y restos humanos. ¿A quién le toca hacerse cargo del caso? ¿Cómo?
La cuestión se ha complicado, además, por la errática respuesta del Gobierno de la República. Un día acusa que se trata de una campaña opositora, o incluso desde el extranjero, para dañar a la “transformación”; otro día anuncia una serie de medidas para darle prioridad al tema de las desapariciones (pero resulta que algunas ya existían, otras se boicotearon durante el sexenio anterior y otras más dependen de las fiscalías, que sirven para todo menos para procurar justicia). Un día la presidenta declara que siempre estará del lado de las víctimas y los colectivos de búsqueda; otro día se dedica a sembrar dudas sobre los testimonios que dichos grupos han dado a conocer.
Entre esos y otros vaivenes queda la impresión general de que el gobierno no sabe qué hacer o no puede hacer otra cosa. Quiere comunicar determinación pero titubea a cada paso. Quiere tomar al toro por los cuernos y, al mismo tiempo, desviar la atención. Quiere impulsar cambios aunque no quiere que se interpreten como una crítica de lo que hizo el gobierno anterior. Quiere que crezca García Harfuch y, sin embargo, no puede prescindir de los militares ni bajar a Gertz Manero. En fin, quiere avanzar sin dejar de encubrir. ¿Por qué?
Postulo que al interior del obradorismo hay un conflicto cada vez más evidente a propósito de las desapariciones. Hay quienes insisten en mantener la misma línea del sexenio anterior porque en esa materia no hay, como diría Luis Espino, victorias narrativas posibles. Hay una realidad muy dolorosa y políticamente comprometedora que la coalición en el poder no puede enfrentar sin terminar pagando, tarde o temprano, un costo demasiado alto. Y hay quienes preferirían modificar el rumbo porque el contexto está cambiando (por Trump, por la reconfiguración del mapa criminal, por las pugnas sucesorias, etcétera), la situación está empeorando (los primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum promediaron 40 desapariciones al día, el promedio con López Obrador fueron 25) y las presiones están aumentando. Si no hay cambios sustantivos las cosas se pueden salir de control y… la coalición en el poder terminaría pagando, igual, un costo demasiado alto.
No es sólo un problema de “voluntad política”. También es un problema de cálculos, capacidades, recursos, apoyos y correlación de fuerzas.
POR CARLOS BRAVO REGIDOR
COLABORADOR
@CARLOSBRAVOREG
PAL
