Recientemente, en el CIDE se llevaron a cabo dos conferencias destacadas. Una abordó el marco legal de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la otra, los corredores del bienestar, ambas impartidas por funcionarios de la Secretaría de Economía (SE). Estas ponencias desmitificaron una gran cantidad de información sobre la IED, particularmente en lo que respecta al registro de los montos reales que México recibe por este concepto a través del Registro Nacional de Inversión (RNI), el mecanismo oficial que va más allá de los grandes anuncios de inversión que muchas veces no se materializan.
Este tema cobra relevancia ante recientes comentarios de expertos en comercio exterior, especialmente en el contexto del T-MEC. La propuesta es clara: establecer un Arancel Externo Común en Norteamérica con el objetivo de desviar el comercio, proteger la región y fortalecer la economía regional mediante el proteccionismo arancelario y, en consecuencia, la atracción de IED. Sin embargo, esto va en contra de la lógica del tratado comercial vigente entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que la región sólo cuenta con un Tratado de Libre Comercio, pero no con un esquema de integración económica más profundo (como una unión aduanera o un mercado común).
Si esta idea prospera, ya sea como concesión de México en las negociaciones bilaterales por las imposiciones arancelarias de Donald Trump (hoy suspendidas temporalmente) o como una exigencia para eliminar esas amenazas en vísperas de la revisión del T-MEC en 2026 (si es que no se desmorona antes), las consecuencias serían significativas. México perdería autonomía en su legislación comercial y se vería obligado a ajustar su red de tratados de libre comercio—14 acuerdos con 52 países—incluyendo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Acuerdo de Asociación Económica con Japón (AAEMJ), para alinearse con una supuesta unión aduanera que, en términos estrictos de integración económica, no lo sería.
Es posible que se cree un mecanismo híbrido con libre circulación de bienes y servicios y un Arancel Externo Común, pero sin la movilidad de personas. Esto sometería a México a una realidad ajena a sus intereses, pues al proteger los sectores estratégicos de Norteamérica, el país perdería la capacidad de importar insumos esenciales para su aparato productivo e industrialización. No hay que olvidar que el sector manufacturero mexicano depende en gran medida de materias primas, insumos, bienes de capital, maquinaria y equipo provenientes de Asia.
Además, si la propuesta avanza, México entraría en un esquema de trazabilidad de inversiones en Norteamérica, lo que implicaría un monitoreo exhaustivo de los flujos de IED, similar al que ya aplica Estados Unidos. Esto podría restringir la entrada de capital extranjero y afectar sectores clave como la industria automotriz, donde Japón y Alemania juegan un papel central. De acuerdo con la Secretaría de Economía (2024), Japón fue el segundo mayor inversionista en México en 2024, con 4,300 millones de dólares, mientras que Alemania ocupó el tercer lugar con 3,800 millones de dólares.
Ante este panorama, México enfrenta un dilema crucial: ceder soberanía comercial en aras de un proteccionismo regional o preservar su margen de autonomía en materia de política comercial. La pregunta es si el país tendrá la capacidad de sostener una postura independiente o si terminará ajustándose a los dictados de la nueva realidad económica de Norteamérica.
POR ADOLFO LABORDE
COLABORADOR
@ADOLFOLABORDE71
MAAZ
