Concluye el mes de enero y nos encontramos en pleno desarrollo del proceso de elección de quienes ocuparán los cargos de ministros, magistrados y jueces de Distrito para los próximos años. Esta elección constituye uno de los mayores retos que enfrenta nuestra vida democrática e institucional y es producto de la más reciente reforma constitucional en el ámbito judicial. De que llegue a buen término dependerá en buena medida que la función jurisdiccional se siga desarrollando en nuestro país con regularidad y pertinencia, haciendo que el derecho de acceso a la justicia sea una realidad para las y los mexicanos.
Al tratarse de un proceso inédito, en cuanto a sus alcances, dimensión y objetivos, el camino para su implementación ha tenido que desarrollarse bajo presiones y condicionamientos muy diversos, factores que han sido abordados por las reformas legales y demás disposiciones operativas que para ello se han emitido, lo cual ha permitido que, a menos de 6 meses de publicada la reforma constitucional, el proceso para la designación de juzgadoras y juzgadores tenga una ruta establecida y esté en pleno desarrollo.
La necesidad de que las personas que ejerzan la función jurisdiccional cuenten, además de con conocimientos técnicos y profesionales, con apoyo o legitimidad social, es una cuestión que ha estado presente desde el inicio de nuestra vida independiente y del propio establecimiento de lo que hoy día es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, el primer mecanismo que se estableció para la designación de los ministros que integraron nuestro máximo tribunal fue su elección mediante votaciones llevadas a cabo en las legislaturas de los Estados, en una jornada que se realizó simultáneamente en todo el país para garantizar la mayor objetividad en sus resultados. Quienes fueran designados como ministros en esa votación, serían a su vez quienes formularían las ternas que se pondrían a consideración del titular del Poder Ejecutivo Federal para la designación de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Bajo este sistema se llevaron a cabo las elecciones en los legislaturas locales el 1 de noviembre de 1824 y se instaló la entonces Suprema Corte de Justicia el 15 de marzo de 1825.
La reforma judicial de 2024 actualizó este debate sobre la representatividad de quienes sean los encargados de impartir justicia, estableciendo un mecanismo en el que partiendo del registro público y voluntario de aspirantes, los tres Poderes de la Unión llevarán a cabo una depuración de las personas inscritas a efecto de verificar que cumplan con criterios y calificaciones de elegibilidad previamente establecidos, integrando un listado final de candidatos que será puesto a consideración de la ciudadanía, la cual decidirá mediante su voto personal y directo, a quienes ocuparán los cargos de ministros, magistrados y jueces, lo cual, además de los evidentes retos logísticos, impone a la ciudadanía la responsabilidad de participar activamente en el proceso de elección, pero además hacerlo de manera libre, responsable e informada, siendo este último aspecto quizá la parte más desafiante de la reforma que se ha planteado.
Quizá uno de los puntos más complejos para quienes vayan a votar es el lograr comprender la magnitud e importancia que tendrá su sufragio para el futuro del país. En esta ocasión no se va a votar por partidos políticos, por afinidades o preferencias ideológicas o de alguna otra índole. Se tiene que votar considerando perfiles y capacidades, experiencia y conocimiento de la ciencia jurídica. Quien juzgue no podrá atender en el desempeño de su función a otras cosas que no sean la verdad de los hechos probados en los expedientes y el contenido de las leyes. Lograr que las personas legitimemos con nuestro voto a quienes tendrán a su cargo la enorme responsabilidad de impartir justicia requiere un voto con conocimiento, que sea razonado y responsable, de ahí que todo esfuerzo por abonar en esta ruta sea no solo pertinente, sino necesario.
En el Heraldo Media Group queremos asumir, como medio de comunicación y en total apego a la normativa aplicable a la materia, el compromiso de contribuir desde nuestro campo de actuación, para la difusión y conocimiento entre la ciudadanía del relevante proceso que se ha iniciado, así como promover la participación activa y comprometida en el mismo. Nuestro compromiso es con la democracia, con los derechos humanos y con México.
LIC. ANTONIO HOLGUIN ACOSTA
VICEPRESIDENTE DE HERALDO MEDIA GROUP Y GRUPO ANDRADE
