Que algo quede claro: Sin seguridad, no hubo transformación. La situación de inseguridad que vivimos se encuentra fuera de control, en México todos los días matan a 128 personas y cada hora desaparece una, tan solo en estos días hemos presenciado el infierno que vive Sinaloa, consecuencia de la fallida estrategia de seguridad con un gobierno que prefiere voltear a otro lado para no hacerse responsable.
Somos testigos del sexenio más sangriento, se han triplicado las muertes, han desaparecido 51,253 mujeres, niños, padres, esposos, el crimen ha provocado que 67,548 personas tengan que dejar sus hogares a consecuencia de la inseguridad, familias que dejan sueños, recuerdos y parte de su vida con el objetivo de proteger a sus seres queridos.
Es evidente que lo que comenzó en 2019 como una medida provisional para acabar con el crimen organizado, fracasó. Esta militarización a la que nos quieren someter implica serios riesgos, desde graves violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y tortura, hasta destruir el Estado de derecho.
El gobierno está ignorando la naturaleza de las fuerzas armadas, sus labores de seguridad nacional no son de seguridad pública, de proximidad y prevención y las resoluciones hechas por organismos internacionales, particularmente el emblemático caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana debe ser en casos excepcionales debidamente justificados, temporales y limitados, estar subordinadas al mando civil, con protocolos de actuación del uso de la fuerza, sujeta a rendición de cuentas a fin de evitar impunidad en casos de violaciones a derechos humanos y supervisada por órganos civiles.
Esta sentencia, al igual que otros instrumentos de organismos internacionales de derechos humanos también establecen que las fuerzas armadas no deben tener las facultades de investigación que ejercen las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial, sin embargo, esta reforma propone que la Guardia Nacional coadyuve en la investigación de los delitos con el Ministerio Público.
La incongruencia de López Obrador una vez más se hace presente, en 2010 criticaba el uso de las fuerzas armadas, y en su búsqueda por la presidencia afirmaba: “…El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia…”; hechos que reiteraba en 2012 al señalar: “…Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función…” prometiendo que sacaría al ejército de las calles en 6 meses.
La historia de México nos demuestra que la separación del poder civil del militar es fundamental para prevenir regímenes autoritarios y garantizar una gestión de la seguridad que respete los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos. En Acción Nacional somos la voz y la resistencia que haga valer estos principios que garantizan que en nuestro país se respete la ley.
