En la torpe defensa de su relación con Genaro García Luna, Felipe Calderón incurrió en inadmisibles explicaciones: no tuve “evidencia verificable” sobre su conducta.
Cosa falsa sobre todo porque funcionaba en esos años la Iniciativa Mérida, una forma eufónica de llamar a la más grande intromisión estadounidense desde la Operación Cóndor, cuya labor marca —para muchos—la detonación del narcotráfico mexicano. Todo en beneficio de la DEA.
Vayamos a los tiempos de la señora Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos.
Si los archivos sirven para algo, vale la pena la revista Proceso, en un despacho desde Washington firmado por Jesús Esquivel en mayo del año 2020, cuya exactitud y contenido jamás han sido desmentidos:
“El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)… el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa…
“…La información que obteníamos —en el Departamento de Estado— era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.
Esta declaración echa por tierra las mendaces palabras de Calderón, pero también enciende una luz de alarma (o debería), en la cima de la 4T, porque en los últimos seis años muchos han sido los señalamientos ignorados, cuando no silenciados, de funcionarios morenistas en su relación con la delincuencia organizada, especialmente en Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Chiapas, por decir solamente algunos estados, y sin necesidad de subir por la escalera del gabinete.
Obviamente, la acusación más directa y cercana la hizo Zambada contra el gobernador Rocha Moya (Mayo), con quien se encontraría en la finca donde fue asesinado el exrector Cuén y secuestrado el anciano líder del Cártel de Sinaloa.
Esa es una historia conocida. Su carta se publicó hasta en las hojitas parroquiales de todo el país.
Ahora, cuando comienza el juicio de Zambada, cuyo relato de los hechos y su extradición extrajudicial el gobierno descalifica porque son “narcopalabras” increíbles (sólo se cree en ellas cuando acusan a sus enemigos), la 4T se acerca al callejón de los peligros.
Si el gobierno de Estados Unidos, quien conoce (y conduce) toda la actividad relacionada con el narcotráfico en México, sabe todo cuánto ahora le conviene decir, ¿detendrá algún día al gobernador Moya-Mayo o a cualquier otro protegido de la Casa Presidencial de ayer y hoy?
No lo sabemos, porque no es asunto de lógica ni de justicia, sino de conveniencia suya. Lo harán cuando lo necesiten. En esa materia, somos una colonia.
POR RAFAEL CARDONA
COLABORADOR
@CARDONARAFAEL
MAAZ
