La desaparición de personas es una crisis humanitaria. Lo reconoció el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Organización de las Naciones Unidas y no es para menos. Hablamos de casi 300 mil personas desaparecidas y eso rebasa las capacidades del Estado tanto en prevenir que sigan ocurriendo como en resolver los casos pendientes.
La primera afirmación no es ociosa: al menos 110 mil desapariciones corresponden al actual período de López Obrador, de las cuales unas 43 mil siguen sin ser localizadas. Y, de repente, un problema de esa magnitud que convierte en víctimas quizás a millones de personas, se convirtió en un problema político.
El momento de la politización ocurrió el pasado 2 de agosto. El presidente López Obrador dijo ese día que sus adversarios usan la cifra para criticar a su gobierno, un asunto este último, de primer importancia para el mandatario.
En esa fecha, se sabía ya que la Comisión Nacional de Búsqueda preparaba un nuevo censo cuyo objetivo era depurar los listados y que, ha mantenido en tensión al gobierno con los colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos porque podría incurrirse en un ocultamiento de casos.
El presidente López Obrador suele simplificar mensajes y a veces, aun teniendo efectos de política comunicacional favorables, parece insensible ante el dolor de víctimas, para el caso, de quienes tienen a un familiar desaparecido. Sin embargo, los dichos presidenciales parecen tener un asidero en la búsqueda “casa por casa” que se realizó como parte del censo.
En efecto, una parte de las 67 mil personas que han sido localizadas de los desaparecidos del sexenio, son producto de esa reorganización del censo que, por otra parte, ha incurrido en errores garrafales. Uno de esos errores fue la notificación que se hizo a familias de desaparecidos a quienes inclusive les habían entregado ya los restos, sobre una localización por los registros de la vacuna contra el Covid. Es que para el nuevo censo se contrastaron bases de datos y se arrojó ese resultado que, sin embargo, se informó a las familias fuera de protocolo.
Ese tropiezo ocurrido en julio, junto con la politización de principios de agosto, ha puesto en entredicho la tarea de la CNB que hasta antier estuvo a cargo de Karla Quintero, exfuncionaria que goza de buena estima en la sociedad civil y que, sin embargo, ha dejado correr la versión de que su salida tiene que ver con una presión para maquillar la data.
Una vez más, los colectivos se preparan para el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición a conmemorarse este 30 de agosto, bajo una consigna: no son un número, son personas que se encuentran desaparecidas. Y es que entre la disputa política y la preocupación gubernamental por la estadística, la narrativa sobre esa tragedia humanitaria se vuelve fría, ofensiva y lo peor, sin los resultados deseables.
Una de carreras
El equipo de Claudia Sheinbaum y del jefe de gobierno, Martí Batres, están más que molestos con Bardahl, el otrora gigante de los lubricantes en el país, a quien identifican como el autor de una campaña mediática contra el Gran Premio de México, la Fórmula 1.
El mismo Carlos Slim, leáse Grupo Carso y otros de los principales patrocinadores, saben que Sergio Díaz lleva años presionando a la autoridad solo con el afán de boicotear el evento automovilístico.
La empresa posee el 8% del mercado de aceites y lubricantes en México, su planta está en el Estado de México y se le relaciona con el Grupo Atlacomulco.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ
