En los últimos 42 de meses, es decir, en el periodo transcurrido de gobierno del presidente López Obrador; las estadísticas (aun las oficiales), arrojan incrementos alarmantes en la inseguridad y violencia en todo el país; lo que únicamente se explica por la fallida “estrategia de abrazos no balazos” y de “acusar a los delincuentes con su mamá”, ingenuamente implementadas para combatir a la delincuencia organizada.
Claramente, el Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus bienes. Algo que está siendo muy evidente a los ojos de muchos mexicanos, pero aparentemente no de las autoridades, es que hay zonas de los estados de la República que se encuentran bajo el control total de grupos de la delincuencia organizada, mientras su población vive en la zozobra y el miedo.
La ciudadanía se encuentra temerosa ante la escalada de violencia y crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. Es algo tan alarmante, que las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de marzo de 2022, comparando los primeros 39 meses de la administración de López Obrador con los primeros 39 meses de la administración de Peña Nieto, se registran incrementos en diversos delitos:
Por ejemplo: los robos a negocios se incrementaron en 32.40%; los feminicidios, 16.67%; las violaciones 44.22%; las amenazas 62.72%; las extorsiones 30.34%; los fraudes 32.49%; los homicidios dolosos 71.38% y la suma total de homicidios (dolosos, culposos y feminicidios) se incrementaron en un 33.21%.
Ante estas estadísticas incontrovertibles, resulta inadmisible y una afrenta al dolor de tantas víctimas, las declaraciones del presidente de que su gobierno “cuida a los integrantes de las bandas, porque también son seres humanos”; lo que revela un pacto con la delincuencia organizada o peor aún, una rendición a las mismas.
En el Partido Acción Nacional estamos conscientes de que se debe poner un alto a la violencia en todo el país, combatiéndola tanto en el ámbito jurídico, como en la implementación de una estrategia integral de seguridad federal, que le haga frente para exterminar este mal que afecta la vida de las personas, el desarrollo económico y la confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país.
Los diputados estamos en favor de la sociedad; sabemos que se vive un estado de indefensión frente a los delincuentes y las mafias del crimen organizado, ya que permea una percepción de impunidad y de empoderamiento de la delincuencia. En los últimos días, nos hemos enterado que el ejército mexicano ha sido humillado en las zonas en que ha entrado a hacer frente a esos grupos, pues se ven superados en personal y armamento, además de tener ordenes de no responder a las agresiones directas del crimen.
El Estado no debe claudicar en su responsabilidad de brindar seguridad a las personas, priorizando la prevención de violencia y delincuencia; atender de forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con violencia, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios.
Las y los diputados de Acción Nacional seguiremos impulsando acciones para implementar una política de seguridad enfocada a proteger a las personas, garantizando los derechos humanos y la convivencia social en un marco democrático. En el PEF del próximo año regresaremos los recursos a las policías de los tres niveles de gobierno para fortalecerlos.
JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
MAAZ