Un fantasma recorre redes sociales, servicios de mensajería instantánea y algunos espacios de medios de comunicación masivos ya carentes de todo pudor: la campaña de descrédito en contra de la Consulta de Revocación de Mandato basada en las más absolutas mentiras. En los últimos días he escuchado y leído especialmente tres afirmaciones falsas: que es un instrumento para abonar el terreno de una eventual reelección presidencial, que es inconstitucional y que es un ejercicio cuyo fin es inflar la figura del presidente.
Voy con la primera, repetida incluso por el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y que circula en afiches con letras rojas similares a la propaganda anticomunista de los años 70. Dejemos a un lado el hecho de que el presidente ha repetido hasta el cansancio su intención de terminar su mandato en 2024 y olvidarse de la política a niveles con que, deliberadamente, ha marcado su raya de ex presidentes enamorados del poder, que sin ejercer la reelección legalmente, se las ingeniaron para garantizar la continuidad de sus políticas y, adicionalmente, se mantienen más presentes en la arena pública que algunos legisladores. Dejemos eso a un lado: No existe ningún apartado de la Ley de Revocación de Mandato o la Constitución que diga que el instrumento puede ser usado, no para revocar a un mal gobierno, sino para hacer repetir a uno electo. Ninguno. Es por tanto ridículo el argumento de que hacer vacío a la consulta previene una posible reelección.
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Quienes argumentan por otro lado que la Consulta es inconstitucional, porque la Constitución dicta que un presidente debe permanecer durante 6 años en el poder, también mienten. Si bien la Carta Magna establece eso, también establece que, de solicitarse la revocación por una cantidad de personas de la lista nominal, es obligatorio realizarla y que la gente pueda decidir con una votación total mínima del 40%, si un gobernante a los 3 años de su mandato, se queda o se va. Más de dos millones de personas solicitaron esta consulta y con ello se estableció la obligatoriedad de su realización, por lo tanto, es constitucional y es un derecho bajo toda regla.
Eso me remite al tercer punto. El hecho de que el gobierno de López Obrador haya impulsado la legalidad de este derecho ciudadano, no implica de ninguna manera que sea para su beneficio. Como instrumento, la Consulta de Revocación de Mandato es un arma de y para los ciudadanos, que amplía nuestra capacidad de incidir en definiciones tan importantes como esta.
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Le invito a que se dé el tiempo de pensar en la dimensión de ese poder, en la factibilidad de que hubiese sido otorgado en cualquier gobierno anterior y en si, en el futuro, le gustaría que el mecanismo que lo posibilita tuviese ya un camino andado que nos dé noción de qué esperar de él. En mucho, eso depende de su participación.
POR AZUL ALZAGA
PERIODISTA
@AZULALZAGA
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