A escasos días de la votación que sellará uno de los debates más importantes en el país, la oposición ha perdido cada uno de los argumentos defendidos para actuar en favor de intereses de empresas y gobiernos extranjeros.
En los últimos meses ha quedado demostrado que, lejos de lo que claman, las empresas extranjeras privadas contaminan más que CFE, que en sus últimos reportes ha consignado un aumento de inyección de energías limpias en la generación global, al tiempo que las privadas la disminuyen frente al crecimiento de su participación con energías fósiles.
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Desde el punto de vista de la competencia, también ha quedado patente que esta no es lo que se empuja, tampoco los precios bajos que derivarían de ella según la teoría, sino la prevalencia de oligopolios que, además de robar abiertamente vía las sociedades de autoabasto, frenan el aprovechamiento de la infraestructura de energía limpia disponible, a través de prohibiciones impuestas al despacho de CFE. Además, la ley jamás ha planteado un monopolio de Estado.
La última escena del Congreso en el que Paolo Salerno, cabildero del gobierno italiano y de la empresa de generación de energía Enel, y la posterior confirmación de Va por México en el sentido de que, en efecto, es un asesor “técnico” del grupo parlamentario del PRD, ponen al descubierto que no existen más motivaciones en la alianza opositora a la reforma que las del dinero. Su traducción, en el caso de la Reforma Eléctrica, es dejar al sector en manos de intereses extranjeros. Intentan repetir con ello la fórmula que marcó la aprobación de la Reforma Energética de 2013. Una vez más.
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Mucha parte de la disputa sobre el futuro del sector, quedó saldada en la votación de la Suprema Corte de Justicia que desestimó la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, pero todavía falta una pieza clave: el litio. De no aprobarse la reforma que propone el Presidente tal y como está en lo que a ese mineral se refiere, este quedaría a merced de las grandes empresas que buscan explotarlo, lo que exhibiría la traición al país de quienes la frenaron. Existe un plan B que ha sido anunciado por el presidente López Obrador: la reforma a la Ley Minera que, por no ser constitucional, requeriría únicamente de una votación de mayoría simple, con la que sí cuenta Morena.
El domingo todos nos jugamos el futuro. Los mexicanos, la definición sobre nuestros recursos y su uso. Los legisladores, su viabilidad política. A diferencia de 2013, la transparencia del proceso ha dejado muy claro de qué lado está cada actor y la conciencia ciudadana, como quedó claro el domingo pasado, está más despierta que nunca. La gran pregunta ahora es, a qué interés jugará, tanto la oposición como Morena en su capacidad de resistir chantajes sin cambiar la iniciativa en temas cruciales. ¿Prevalecerá el interés por el futuro del país y su propia supervivencia política o, como en 2013, se apostará por la simulación y el dinero?
POR AZUL ALZAGA
PERIODISTA
@AZULALZAGA
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La crisis del Dr Jekyll y Mr. Hyde de la oposición