El 30 de noviembre del 2020, Nancy y Cecilia, dos mujeres trabajadoras sexuales, madres solteras de tres y cuatro hijos, salieron de su casa con la intención de ganar dinero para cubrir las necesidades básicas de sus pequeños, sin imaginar que ese día se convertiría en la experiencia más difícil de su vida. Lo que comenzó con la expectativa de laborar como cualquier día normal, concluyó con la privación de su libertad.
Al abordar el vehículo de su contratante se percataron de que este traía armas de fuego. Nancy y Cecilia le dijeron que no realizarían el servicio. El conductor las ignoró y les dijo “ahora me las llevo” y aceleró para después ser interceptado por elementos del Ejército mexicano, quienes, ante la huida del chofer, decidieron detener a Nancy y Cecilia, poniéndolas a disposición del ministerio público como posibles imputadas por delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego del uso exclusivo del Ejército.
“[P]ues nuestro caso empezó como una pesadilla, la verdad uno iba a buscar sustento para nuestros niños y salió […] nos salió contraproducente”.
Nancy y Cecilia fueron vinculadas a proceso en 2020, por los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión marihuana con fines de comercio, acopio de armas de fuego de uso reservado, posesión de cartuchos de uso reservado y posesión de cargadores de uso reservado. Fueron sometidas a prisión preventiva oficiosa hasta el 30 de junio de 2022.
En nuestro país se sigue criminalizando a las mujeres de los sectores más vulnerables. Nancy y Cecilia estuvieron privadas de su libertad por más de un año, sólo por haber salido de su casa a trabajar. ¿Es posible someter a alguien a acción de la justicia, únicamente por encontrarse en el lugar y momento equivocados, con la persona equivocada? La respuesta debería ser un rotundo NO, sin embargo, en México las autoridades en materia de prevención e investigación de delitos no cuentan con la suficiente preparación y sensibilidad para realizar las líneas de investigación adecuadas, y siguen deteniendo e investigando a las personas más vulnerables que tienen “a la mano”, sólo para justificar trabajo. Esto sin pensar en el daño que provocan a sus familias y a ellas mismas.
Para Nancy y Cecilia, su detención provocó no poder estar cerca de sus hijos durante poco más de un año, no poder trabajar para proveerlos de todo lo indispensable, incluso el no poder pasar Navidad con ellos. Casos como este nos obligan a reflexionar: ¿Qué deben hacer las autoridades para tener operadores capacitados en temas de perspectiva de género?, ¿Qué debemos hacer para evitar la criminalización de las mujeres? Sobre todo de mujeres pobres o que se dedican a actividades que no cumplen con los estereotipos o roles asignados.
Sin duda alguna, especial atención debe ponerse a las acciones de las autoridades en materia de prevención e investigación de delitos, pues siguen siendo omisos e insensibles ante sus obligaciones de conducir investigaciones con perspectiva de género.
Son las mujeres, y muchas veces sus hijos e hijas, quienes continúan pagando las consecuencias de que las investigaciones en este país se sigan realizando con un enfoque ordinario, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares que pueden ubicar a una persona en el lugar en donde se está cometiendo una conducta delictiva.
Tras la intervención de la Defensoría Pública Federal, se logró demostrar al juez que Nancy y Cecilia no eran responsables de la comisión de la conducta por las que se les acusó y que se encontraban ahí de modo circunstancial, logró demostrarse que se encontraban en ese lugar el día de los hechos, simple y sencillamente, porque acudieron a trabajar.
Una vez desahogado el debate en juicio, y tras la intervención de la Defensa Pública Federal, el juzgador de enjuiciamiento señaló que Nancy y Cecilia debían ser absueltas de los hechos motivo de acusación, pues determinó que por tras de los delitos no hubo dolo en su actuar y por el restante que no podía haberse exigido una conducta diversa de ellas, pues había sido sometida su voluntad por las amenazas de su contratante, ordenando en ese momento su inmediata libertad. Así, este caso se convierte en un claro ejemplo de la importancia de investigar, defender e impartir justicia con enfoque de género.
Casos como este, revelan el importante trabajo que tienen las y los defensores públicos federales, para poder acercar la justicia a los sectores más vulnerables. La lucha no ha terminado, pues sabemos que Nancy y Cecilia sólo son un ejemplo de los muchos que existen a nivel nacional. Desde la Defensoría Pública Federal seguiremos trabajando para que estos casos sean cada vez más aislados.
POR MYRIAM VÁZQUEZ
DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL
PAL
