En Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGEV) ha sido más una trinchera de intereses políticos que una institución de justicia. Verónica Hernández Giadáns, al frente del organismo desde hace casi cinco años, parece ser la siguiente en una lista de fiscales que no logran salir indemnes del cargo. Entre críticas de colectivos, denuncias de subordinación política y falta de resultados en casos emblemáticos, su relevo parece ser sólo cuestión de tiempo.
El diputado morenista Diego Castañeda Aburto propuso recientemente reformas para reducir los periodos de los fiscales y facilitar su remoción, una medida que responde a las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle. El control de la Fiscalía se ha convertido en un tema prioritario para la nueva administración, especialmente en un estado donde la justicia ha sido utilizada como un instrumento de poder político.
Hernández Giadáns llegó con la promesa de ser un rostro renovador tras la salida de Jorge Winckler Ortiz, fiscal vinculado al exgobernador Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, su gestión no logró romper el círculo vicioso de corrupción, opacidad y subordinación política. Las críticas van desde la falta de avances en casos de desaparición forzada hasta el uso del delito de ultrajes a la autoridad, declarado inconstitucional por la Suprema Corte, pero que durante su vigencia sirvió como arma contra opositores. Casos como los de Tito Delfín, exdirigente estatal del PAN, y José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado, evidencian un uso político de la Fiscalía que genera dudas sobre su imparcialidad.
El historial de los fiscales en Veracruz es un reflejo de los riesgos que implica el cargo. Luis Ángel Bravo Contreras, el primer fiscal bajo el esquema de nueve años, renunció anticipadamente y fue detenido tras el cambio de administración. Su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, fue destituido, acusado de diversas irregularidades, y actualmente enfrenta procesos legales desde prisión. Hernández Giadáns parece ir por el mismo camino, atrapada entre las críticas y la falta de resultados.
Pero esta historia no sólo recae sobre la actual fiscal. Ahora, todas las miradas están puestas en quien parece ser el sucesor natural: Diego Castañeda Aburto, diputado morenista cercano a Nahle. Aunque su perfil aún no se ha discutido en profundidad, el reto es evidente. ¿Logrará transformar la Fiscalía en una institución funcional, o caerá en el mismo ciclo de subordinación política y escándalos?
La Fiscalía de Veracruz es más que un cargo administrativo, es una pieza clave en el tablero político estatal. Su control ha sido utilizado históricamente para proteger intereses, castigar opositores y garantizar lealtades. Hasta ahora, ningún fiscal ha logrado superar este ciclo, y el resultado es un sistema de justicia que inspira más desconfianza que certidumbre.
El desafío para la próxima administración será romper con este patrón. Si Castañeda Aburto toma el control, tendrá que demostrar que no es sólo un operador político más, sino un verdadero reformador de una institución desgastada. De lo contrario, la narrativa de la Fiscalía como un campo minado para quienes la ocupan seguirá repitiéndose, y con ella, la desesperanza de una sociedad que exige justicia real.
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EN CORTO.- La Semarnat finalmente frenó los permisos de “La Abundancia” y “Baja Bay Club”, dos proyectos turísticos que, detrás de promesas de lujo y exclusividad, buscan devastar las inmediaciones del Parque Nacional Cabo Pulmo. Estas empresas planean construir villas, hoteles y hasta campos de golf sobre dunas y acuíferos ya sobreexplotados, ignorando los impactos irreversibles en uno de los ecosistemas marinos más importantes del mundo.
Ambos proyectos, aprobados con irregularidades durante el sexenio anterior, omiten especies en peligro, violan normas ambientales y desatienden las recomendaciones de la Conanp. La sociedad advirtió: no permitirán que Cabo Pulmo se venda al mejor postor.
Nos vemos a las 8 por el 8.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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