El caso ilustra lo absurdo. Es botón de muestra de cómo volver complicado lo sencillo, cómo poner más trabas para generar burocracia en lugar de facilitar la vida a los ciudadanos.
En la discusión para la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 en la Cámara de Diputados, a finales del año pasado, legisladores de la 4T y de la oposición gastaron litros de saliva argumentando en favor y en contra de la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para los jóvenes mayores de 18 años.
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Unos hablaban de cuidar la identidad de los jóvenes para que no fueran víctimas de fraudes, otros aseguraban que se trataba de terrorismo fiscal que perseguía a los chicos. Total, que después de gritos, insultos y hasta tomas de tribuna, la medida se aprobó. Pero lo avalado es letra muerta.
Apenas en el día tres del año, el pasado lunes 3 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un boletín para informar que “la incorporación (de jóvenes mayores de 18 años) al RFC no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones”.
Además, dice el comunicado 001/2022, “ningún joven será sancionado por no registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria”.
O sea que entre lo aprobado y nada, no hay diferencia. Pudo no haberse avalado nada y estaríamos en las mismas.
Ningún joven sin actividad económica está obligado ni a registrarse, mucho menos a hacer una declaración. Tan no lo está que, no hay sanción para quien no lo haga.
Dicho de otra forma, lo aprobado por el Congreso es de chocolate. Se gastaron recursos públicos para la discusión, se gastará dinero público para la implementación de lo votado, y la norma aprobada está de adorno.
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Por supuesto que imponer una sanción era un exceso, y resultaba ilógico obligar a un joven sin actividad económica a registrarse, pero todo el show ya nos costó un dineral. Las ocurrencias cuestan, y los ocurrentes también.
El absurdo ilustra la necesidad de algunos, lo mismo autoridades del Ejecutivo (en distintos niveles de gobierno) que legisladores, de hacerse sentir necesarios, de hacer como que trabajan. De justificar su puesto y su salario, pues.
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Es tan ilógico como la existencia de la ley seca, por ejemplo.
Otro botón de muestra de medidas que nadie pidió, nadie necesita y nadie sigue.
Prioridades, retos y problemas hay suficientes como para distraernos de lo importante.
Sirva el ejemplo de la fallida intentona de registro de jóvenes de 18 años ante el Servicio de Administración Tributaria, para retratar un sistema que no tiene como prioridad a los ciudadanos, sino las ocurrencias de quienes se dicen sus representantes y, en el papel, quieren gobernarlos.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
@MLOPEZSANMARTIN
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