Cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar”, dijo el pasado miércoles el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. No lo llamó por su nombre, pero el mensaje —no hay duda— tenía como destinatario al presidente del INE, Lorenzo Córdova, que se ha quejado duramente por lo que él considera un recorte en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. Ha dicho, incluso, que está en riesgo la organización de la consulta de revocación de mandato que, por ley, se llevaría a cabo en 2022.
Varias cosas. De entrada, el INE no solamente no tendrá menos recursos, sino que contará con más dinero en 2022 de lo que tuvo este 2021: 143 millones de pesos más. Este año dispuso de 19 mil 593 millones de pesos; para el próximo tendrá 19 mil 736 millones de pesos. Otra cosa es que el Instituto pedía un incremento de casi cinco mil millones de pesos. No se lo dieron, cierto. Pero tampoco les quitaron lo que tenían.
Recorte no hay. Organizar o no la consulta, no es una decisión que pueda tomar un consejero electoral, ni siquiera el presidente del Consejo General. Los consejeros no están para hacer la ley, ni para desacatarla, sino para actuar en los márgenes de lo que les mandata. Y la consulta de revocación es para el INE una obligación constitucional. Resulta excesivo asegurar que la consulta está en riesgo por un asunto presupuestal. Sería tanto como decir que la impresión de las credenciales de elector se cancelará porque no les dieron el dinero que pedían.
En el fondo, el error es recargar la discusión sobre el rol del órgano electoral en un asunto económico. Tal defensa de los recursos da muestra del extravío en las prioridades. Nuestra democracia cuesta mucho dinero. El INE es uno de los órganos electorales más caros del mundo. Hace rato ha dejado de estar en entredicho la confianza en los resultados, y se sigue gastando un dineral.
En lugar de innovar, de utilizar más y mejor la tecnología, de abaratar costos de operación, el Instituto se ha desgastado en la ruta de la defensa de sus dineros. La narrativa que envuelve la petición de más recursos se disfraza de “ataque” a la autonomía e independencia del órgano.
Por supuesto esa debe existir y garantizarse, lo que —dicho sea de paso— no necesariamente hoy ocurre, sobre todo por el perverso método de reparto de los asientos del consejo general; se trata de cuotas partidistas. Un presupuesto más austero “no puede ser excusa para incumplir con obligaciones”, dijo Zaldívar. “Hay que tener imaginación y voluntad política”, remató. Y sí. En esta, tiene razón.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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